En efecto, para conseguir lo anunciado Sareb ofrecerá la venta de 21.000 viviendas ya identificadas a las Administraciones interesadas (ayuntamientos y comunidades autónomas). De esa cifra, 9.000 son casas que están actualmente en comercialización a través de las inmobiliarias proveedoras de esta sociedad pública (Aliseda, Anticipa e Hipogés). Si un consistorio o un Gobierno regional quieren ese inmueble, se retirará de la comercialización a compradores minoristas. De esta manera, si una Administración está interesada en uno o varios de los inmuebles, el banco malo dará prioridad a la institución pública. Otras 12.000 unidades saldrán a comercializar próximamente, Asi, el ayuntamiento o la comunidad autónoma, sumará ese activo a su cartera inmobiliaria destinada a vivienda social (familias vulnerables) o vivienda asequible (con precios por debajo de mercado).
El segundo paquete de viviendas lo forman 14.000 viviendas ya habitadas, pero de las que gran parte tienen arrendamientos irregulares (algunas por okupación) para familias vulnerables. De ese número, con 2.000 ya se ha avanzado en regularizar los contratos de alquiler y otros 7.000 están en estudio. En este caso, estos inquilinos solo pueden destinar como máximo un 30% de sus ingresos al pago del alquiler.
Por último, otras 15.000 casas provendrán en los próximos años de la construcción de la vivienda nueva en colaboración público-privada. Para ello, la consultora PwC actualmente está identificando para Sareb los suelos disponibles. En este caso, los inversores o promotoras interesadas, construirán edificios en estos solares cedidos por el banco malo y los destinarán a alquileres asequibles o por debajo de precio de mercado.
Es decir, estamos hablando de suelos y proyectos a bastante mas de medio plazo, hasta el punto de que la ministra Calviño habla ahora de la necesidad de “reconstituir” el parque de viviendas públicas que fue “desmantelado por los gobiernos anteriores”. Este mal llamado par quie se compone de varios elementos.
De una parte, Sareb, tiene cedidas cerca de 3.000 casas a las autonomías y los ayuntamientos, además de haber vendido un número no identificado a las Administraciones para su parque público de viviendas. Desde que se originó la sociedad, la cartera total de activos se ha reducido en un 48%, pasando de los 50.781 millones iniciales a 26.465 millones a cierre de 2022. Actualmente, el 59% de la cartera está constituido por inmuebles y el resto, por préstamos al promotor con garantías inmobiliarias. En su origen, el 78% de la cartera de activos de la sociedad eran estos préstamos. La deuda viva de la sociedad se situó el pasado año en 30.481 millones de euros. En la última década, Sareb ha reducido esa deuda con aval del Estado (con la que compró los activos a las entidades bancarias) en 20.301 millones, un 40% menos.
Por otra parte, el Gobierno de coalición se ha planteado en la legislatura un plan de 100.000 viviendas de precio asequible, aunque con avances bastante limitados. Aparte del plan anunciado por Sánchez, la Entidad Pública Estatal de Suelos (Sepes) avanza en la transformación de suelo para destinarlo a este fin. Este mes, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) encabezado por Raquel Sánchez transfirió 260 millones de euros adicionales para comprar terrenos a Defensa en la Operación Campamento. Esa operación conllevará impulsar un número aproximado de 12.000 casas.
Por ultimo, Sepes tiene actualmente diez actuaciones residenciales del plan de viviendas para el alquiler asequible, para más de 15.000 casas y, paralelamente, trabaja en el análisis de nuevas localizaciones para aumentar este número de pisos hasta superar los 30.000 en una década, según el Mitma.
Todo un maremágnum difícil de gobernar, porque a todo esto las competencias en vivienda están transferidas a las CC AA.
