Ante la gravedad de las afirmaciones vertidas por Montero, este fin de semana, cuestionando la resolución judicial que resultó absolutoria para el ex futbolista del Barça, las entidades profesionales de la Magistratura y del Ministerio Público han exigido, de forma unánime, «respeto a la independencia del Poder Judicial» como «pilar fundamental del Estado de Derecho».
«Las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente», han recordado jueces, magistrados y fiscales en un comunicado. Por ello, «es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial». Además, la nota remitida –por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación mayoritaria de Fiscales (AF), Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JyJD), Foro Judicial Independiente (FJI), Unión Profesional de Fiscales (UPF) y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)– remarca «la importancia de la presunción de inocencia» que, no olvidemos, es «un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España». Lo que «garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho».
«Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios», han advertido.
Jueces y fiscales, representados por las seis asociaciones de diferentes sensibilidades, han apelado a la «protección de los derechos de las víctimas de delitos» y «la importancia» de apoyarlas, «especialmente, en casos de violencia de género y agresiones sexuales». «Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen», han remarcado.
Sin embargo, han subrayado cómo «esta protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto». No en vano, ante la gravedad de las afirmaciones vertidas por la ministra María Jesús Montero, las asociaciones, en unidad de acción, han llamado a la responsabilidad institucional de los representantes públicos a quienes les han pedido «ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales».
«Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho», han exigido.
