«En el horizonte de 2050 prácticamente todos los vehículos en nuestras carreteras deberán ser de cero emisiones. Lo exige nuestra ley climática, lo piden nuestras ciudades y los fabricantes se están preparando», ha asegurado el vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, en una rueda de prensa en Estrasburgo (Francia), en los márgenes del pleno que se celebra allí del Parlamento Europeo.
Las nuevas reglas para vehículos pesados, que deben ser aún negociadas con los Veintisiete gobiernos y con la Eurocámara antes de ver la luz, prevé un enfoque gradual con reducciones intermedias antes de alcanzar ese 90% en 2040.
Con todo, Timmermans ha explicado que pese al ambicioso recorte propuesto se deja la puerta a un 10% de emisiones porque las tecnologías existentes no ofrecen a día de hoy a los vehículos pesados soluciones que permitan evitar energías contaminantes en condiciones extremas de conducción, como por ejemplo bajas temperaturas o pendientes pronunciadas.
Así, los servicios comunitarios defienden una trayectoria progresiva de reducción que arranque con un recorte del 45% a partir de 2030 (con respecto a 2019) y del 65% a partir de 2035, hasta llegar al 90% en 2040. Pero prevén exenciones que dejarán fuera del cómputo de emisiones de CO2 a los pequeños fabricantes, a los vehículos usados en minería, agricultura y servicios forestales, aquellos destinados a las fuerzas militares, protección civil, bomberos, atención médica urgente y fuerzas de orden público.
Según Bruselas, los camiones, autobuses urbanos y autocares de larga distancia son responsables de una cuarta parte de las emisiones del transporte por carretera en la Unión Europea y del 6% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. El Ejecutivo comunitario sostiene, además, que esta propuesta también tendrá un impacto positivo en la transición energética, al reducir la demanda de combustibles fósiles importados y mejorar el ahorro energético y la eficiencia en el sector del transporte de la UE. También espera que beneficie a los operadores y usuarios de transporte europeos al reducir los costes de combustible y propiedad y que garantice un despliegue más amplio de vehículos más eficientes energéticamente.
