Después de un lustro de investigación, el organismo regulador concluye que «no aprecia indicios de que la conducta denunciada pueda ser abusiva» y acuerda no abrir un expediente sancionador contra Uber, Cabify y Bolt, las tres empresas señaladas. La denuncia, a la que ha tenido acceso La Información Económica se remonta a febrero de 2020, cuando la Asociación de taxis Plataforma Caracol (APC) remitió un escrito ante Competencia en el que se denunciaba un doble perjuicio por las prácticas de las citadas compañías. Por un lado, la asociación madrileña alegaba que las plataformas de VTC «propondrían precios más baratos» que los del taxi sin serlo realmente; y por el otro, apuntaba a un clima de inseguridad para el usuario en cuanto al precio final que va a pagar por los mismos. No obstante, tras recabar información comercial de las compañías denunciadas, la CNMC ha resuelto que el sector del taxi no ha aportado pruebas de semejante afirmación ni existen indicios de la deslealtad en esta conducta.
Cuatro años después de esta primera denuncia fue la patronal Taxi Project, radicada en Barcelona, quien presentó un nuevo escrito el pasado mayo ante el regulador para denunciar que las plataformas mencionadas estarían operando en forma de cártel al fijar los precios de sus servicios mediante el algoritmo de determinación de las tarifas. Semanas después, la denuncia del taxi se reforzó con la denuncia de 137 taxistas con licencias en Madrid y Barcelona que aludían a conductas desleales de las VTC en forma de venta a pérdidas por parte de las grandes compañías.
Respecto a la denuncia de Taxi Project, Competencia ha fallado de nuevo a favor de las plataformas de VTC al dirimir que las empresas denunciadas operan con sistemas de determinación de precios diferentes entre sí, lo que no apunta a que exista una concertación de precios y, por ende, declina la constitución de un posible cártel. Por último, en relación a la denuncia sobre una presunta venta a pérdidas Competencia resuelve que, a pesar de que las plataformas de VTC en ocasiones elevan sus precios en aras de resolver situaciones con más demanda que oferta, el aumento de los precios no concuerda con el seguimiento de una estrategia de venta a pérdida.
Ante este escenario, el dictamen deliberado en la Sala de Competencia del Consejo del organismo regulador el pasado 12 de marzo, acuerda no incoar un procedimiento sancionador contra Uber, Cabify y Bolt y da pie al sector del taxi a elevar su denuncia a los tribunales; en forma de un recurso contencioso-administrativo que podrá presentar en la Audiencia Nacional en los próximos dos meses.
