El Ejecutivo de Sánchez, recordémoslo, se comprometía a situar el déficit al 3% del PIB el año que viene y a que la ratio de deuda pública no llegue al 110% para ceñirse así a las reglas fiscales, que se recuperan a partir del 1 de enero tras congelarse durante tres ejercicios para dar flexibilidad a los países en la lucha contra las consecuencias de la pandemia, la guerra en Ucrania y la crisis energética e inflacionaria.
Es decir, el Ejecutivo Comunitario confía en que el país cumpla con los requisitos fiscales exigidos para 2024 y anticipa que formará parte del grupo de estados (junto a Alemania, Francia y Portugal) que no presenten desequilibrios macroeconómicos por primera vez desde 2012. La Comisión, que hace hincapié en que «la economía europea continúa mostrando resiliencia en un contexto global desafiante», ha proporcionado este miércoles la orientación a los Estados miembros en el marco del paquete de primavera del Semestre Europeo.
En el plano de las recomendaciones específicas, la Comisión llama a nuestro país a que suprima de forma gradual las medidas de apoyo a la energía a finales de este año y a que las elimine totalmente el que viene. También anima a emplear los ahorros generados por su eliminación para reducir el déficit público y limitar el gasto. La Comisión apunta además a que, en caso de que un aumento adicional de la inflación obligue a aprobar más medidas de apoyo, estas tendrán que ser «fiscalmente asequibles» y destinarse «únicamente a proteger a los hogares y empresas más vulnerables».
La institución pide a Moncloa que preserve la inversión pública financiada a nivel nacional y garantice que las subvenciones del fondo de Recuperación y Resiliencia y otras ayudas de la UE se absorben de forma «efectiva», favoreciendo con ello las transiciones ecológica y digital. De cara al periodo posterior a 2024, el Ejecutivo comunitario apuesta por que se mantenga una estrategia fiscal a medio plazo que permita el saneamiento «gradual y sostenible» y que esta se combine con inversiones y reformas que impulsen el crecimiento. Para que España logre alcanzar una situación presupuestaria «prudente» a medio plazo hasta 2026, debería limitar el aumento nominal del gasto primario financiado a nivel nacional (sin contar con los fondos europeos) a un máximo del 2,6% el año que viene.
Nuestro país debería reducir la dependencia de los combustibles fósiles y acelerar el despliegue de las renovables racionalizando y digitalizando los procedimientos de concesión de permisos y apoyando la labor de las autoridades responsables de la concesión de los mismo. Además la Comisión considera que hay margen de mejora del acceso a la red y en la inversión en almacenamiento de energía, en transmisión y distribución de electricidad y en interconexiones eléctricas transfronterizas. También recomienda al Ejecutivo aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes, incluso mediante la rehabilitación, y acelerar la electrificación de los edificios y la penetración de la electromovilidad.
«Las recomendaciones del semestre de hoy establecen objetivos fiscales específicos, al tiempo que eliminan gradualmente el apoyo descentrado y mantienen el impulso para reformas e inversiones clave», ha apuntado Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea. Desde su punto de vista, esto será vital para asegurar la prosperidad y resiliencia a largo plazo de la UE. «Nuestra guía también pide a los países que aprovechen al máximo la financiación adicional para las necesidades relacionadas con la energía gracias a REPowerEU», ha añadido.
Apunta, igualmente, a que los precios más bajos de la energía, la disminución de las restricciones de suministro y un mercado laboral sólido han respaldado un crecimiento moderado en el primer trimestre de 2023 (el PIB del conjunto de la UE avanzó al 0,3%, mientras que el de la Eurozona lo hizo al 0,1%), «disipando los temores de una recesión». Al mismo tiempo, mientras la inflación sigue descendiendo, la subyacente se ha afirmado, lo que ha provocado un mayor endurecimiento de las condiciones financieras.
Las previsiones económicas de primavera, publicadas la pasada semana, proyectaban que la economía de la UE crecerá un 1,0% este ejercicio y un 1,7% el que viene. La tasa general de inflación se mantendría aún en un 6,7% en 2023 y se moderaría hasta el 3,1% el año que viene. La Comisión prevé, además, un crecimiento del empleo del 0,5% este año, antes de que este registre un descenso al 0,4% en 2024. Por último, estima que la tasa de desempleo se mantendrá justo por encima del 6%, prácticamente en zona de mínimos.
Serias recomendaciones
La Comisión Europea ha recomendado este miércoles a España la supresión gradual de las medidas de apoyo a la energía para finales de 2023 y su eliminación total en 2024, al tiempo que ha animado a utilizar los ahorros correspondientes para reducir el déficit público y limitar el gasto. Además, apunta que en caso de que nuevos incrementos de precios hagan necesarias más medidas de apoyo, estas deberán ser fiscalmente asequibles y se destinen únicamente a proteger a los hogares y empresas más vulnerables.
En relación al regreso de las normas fiscales comunes -congeladas desde 2019 debido a la pandemia- que fijan un máximo de déficit público del 3% del PIB y una deuda del 60%, Bruselas ha instado al Gobierno español a garantizar una política fiscal “prudente”. En concreto, Bruselas recomendó a España que limite el aumento del gasto público primario al 2,6% como máximo en 2024 para lograr el recorte del déficit estructural del 0,7% que le pide para ese ejercicio, equivalente a 9.289 millones de euros.
Para el período posterior a 2024, el Ejecutivo comunitario pide que se siga aplicando una estrategia fiscal a medio plazo de saneamiento “gradual y sostenible”, combinada con inversiones y reformas que propicien un mayor crecimiento, a fin de lograr una situación presupuestaria “prudente” a medio plazo hasta 2026. Según el programa, se espera que el déficit de las administraciones públicas disminuya gradualmente hasta el 2,7% del PIB en 2025 y hasta el 2,5% en 2026. Por lo tanto, se prevé que el déficit de las administraciones españolas disminuya por debajo del 3% del PIB en 2025 y que el ratio deuda pública baje del 109,1% del PIB a finales de 2024 al 106,8% a finales de 2026.
Solo cuatro países europeos tienen espacio fiscal para cumplir con los compromisos de inversión verde
Asimismo, se espera que España mantenga el impulso en la aplicación constante de su plan de recuperación y resistencia y finalice rápidamente el capítulo de medidas energéticas con vistas a iniciar “rápidamente” su aplicación, además de garantizar la continuidad de una capacidad administrativa “suficiente” con vistas al aumento previsto del tamaño del plan, después de que España manifestase el pasado 28 de marzo su intención de solicitar 84 millones de euros de préstamo adicional.
Otras de las recomendaciones planteadas por Bruselas pasan por reducir la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar el despliegue de las energías renovables, aumentar la disponibilidad de viviendas sociales y asequibles energéticamente eficientes o intensificar los esfuerzos políticos dirigidos a la provisión y adquisición de las cualificaciones necesarias para la transición ecológica.
En su informe posterior al procedimiento de desequilibrio económico (PDE), Bruselas destaca que la economía española superó las perturbaciones provocadas por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y registró un “fuerte crecimiento” en 2022 que se espera que continúe a lo largo de 2023, con una previsión de crecimiento del 1,9%, acorde a las proyecciones de la Comisión, aunque a un ritmo “más moderado”.
El Ejecutivo comunitario también ha destacado que el saldo de las administraciones públicas españolas en 2022 ha mejorado, favorecido por el buen comportamiento de los ingresos, aunque advierte de que el déficit subyacente y la deuda pública siguen siendo “elevados”. Por otro lado, subraya que el sector bancario se ha mantenido resistente, ya que la calidad de los activos ha seguido mejorando y la rentabilidad aumentó notablemente en 2021 y 2022, pero se enfrenta a nuevos retos derivados de la elevada inflación y el endurecimiento de las condiciones de financiación.