Y se ha referido a ella como «una ley orgánica» para la «normalización institucional, política y social de Cataluña» que fue aprobada por el Congreso español el pasado 30 de mayo y entró en vigor el 11 de junio.
Esta ley establece «una amnistía aplicable a los actos y acontecimientos que comprendan responsabilidades penales, administrativas o contables, definidas tanto en cuanto a los términos de las fechas en las que se produjeron como en relación con los acontecimientos en torno al denominado proceso independentista en Cataluña», asegura la CE.
Además, el organismo comunitario se hace eco de cómo la Amnistía «fue objeto de una gran controversia en España, ligada a las circunstancias políticas» que rodearon tanto su tramitación y aprobación, como su contenido. Incluyendo numerosas «manifestaciones y declaraciones públicas de diferentes partes interesadas» en el procedimiento, así como una «extensa correspondencia» para denunciarlo ante la propia Comisión. No en vano, un amplio número de afectados por la misma «han compartido sus inquietudes», incluyendo las dudas «sobre el potencial impacto» de la ley «en la lucha general contra la corrupción».
El candidato del PSOE a la reelección, concluye hoy su primera ronda de contactos para tantear posibles apoyos a su investidura. Esta primera ronda finaliza con los encuentros con Junts, cuyo voto es clave, y su primera reunión con una representación de Bildu. Tras recibir el encargo del Rey, Sánchez inició una ronda de contactos en la que prevé reunirse con todos los grupos parlamentarios excepto Vox, además de sindicatos, patronal y asociaciones de varios sectores.
La Comisión de Venecia reprocha a Sánchez que no haya «dado ninguna explicación» sobre por qué la amnistía abarca 12 años
Ramiro Fdez-Chillón 20 . Así las cosas, la CE reconoce haberse puesto «en contacto con las autoridades españolas para recibir aclaraciones sobre la ley de amnistía» que, actualmente, «está analizando».
De hecho, a petición del presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE) y el presidente del Senado español, el 15 de marzo de 2024, la Comisión de Venecia «emitió un dictamen sobre el proyecto de ley de amnistía que aborda una serie de cuestiones relativas al Estado de derecho, tanto en términos de criterios generales aplicables a las amnistías como si estos se tuvieron en cuenta, en este caso», ha recordado la UE.
En este sentido, la Comisión de Venecia «hizo una serie de recomendaciones para aclarar algunas de las disposiciones» que integran la Ley y «evitar ambigüedades, en particular sobre el alcance» temporal del borrado penal del procés. Y, de hecho, estableció «los requisitos para el respeto de la separación de poderes con respecto de las excepciones a las facultades procesales ordinarias de los tribunales, así como la forma de evitar riesgos de que el trabajo de las comisiones parlamentarias pueda afectar la independencia judicial».
Al mismo tiempo, la Comisión se ha hecho eco sobre cómo el dictamen de Venecia llamó la atención acerca del modo en que la propuesta legislativa fue llevada adelante bajo un procedimiento de urgencia, que sólo permite una consulta limitada al público. Ya entonces, se «subrayó la importancia de dar tiempo y espacio para la consulta» ciudadana sobre este tipo de normas «y los beneficios que se obtendrían si contasen con el respaldo de una mayoría reforzada», y no sólo simple, en el Parlamento.
Daño a los jueces por la crítica política
En plena discusión jurídica sobre el alcance de la aplicación efectiva de la norma, que corresponde decidir a los jueces y magistrados españoles, Bruselas ha avisado del daño que sufren los representantes del Poder Judicial por las críticas que reciben desde el Gobierno y el Parlamento.
La Comisión Europea ha dado buena cuenta, en el informe anual 2024, sobre la salud del Estado de Derecho en los países miembros de la honda y constante preocupación en la judicatura de nuestro país por los ataques en declaraciones de políticos, incluido desde el Ejecutivo, contra ellos, avisando del riesgo de que este tipo de retórica tiene, pudiendo llegar a dañar la confianza fundamental de la sociedad tanto en los jueces como en sus sentencias. También ha pedido más avances para reforzar la independencia y autonomía del Fiscal General.
«Si bien los tribunales no son inmunes a las críticas y el escrutinio, la confianza del público en el Poder Judicial es fundamental para su eficacia, en vista de su papel especial en la sociedad», señala el documento de casi 40 páginas que este año ha dedicado Bruselas a la salud democrática en España.
El «daño» a esta confianza, añade el documento, es «particularmente relevante» cuando se trata de declaraciones realizadas desde los poderes legislativo y ejecutivo, ya que todos los poderes del Estado deben fomentar y proteger la confianza del público en general en las instituciones constitucionales.
El texto se refiere a la «preocupación» que le ha sido trasladada al Ejecutivo comunitario desde el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), asociaciones de jueces y otros grupos de interés de que «este tipo de declaraciones hechas por políticos socaven cada vez más la confianza pública en el poder judicial», por ejemplo, cuando desde la política «criticaban tanto decisiones judiciales individuales como al poder judicial en su conjunto».
El informe sobre España concluye con una serie de recomendaciones a España en la que Bruselas ha evitado referirse a la ley de amnistía porque su análisis sobre su compatibilidad con el Derecho comunitario sigue en marcha. Sí reproduce Bruselas parte de las conclusiones de la Comisión de Venecia sobre la norma en la que se apunta la controversia y divisiones que creó, así como la urgencia con al que se tramitó.
Reconoce la renovación del CGPJ
En las recomendaciones, la Comisión celebra los «avances significativos» logrados para desbloquear el Consejo General del Poder Judicial y ha celebrado el acuerdo que, gracias a su mediación mediante un «diálogo estructurado», ha permitido a PSOE y PP pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces, con el compromiso en avanzar en la reforma del modelo de reforma después.
También reconoce «algunos avances» para fortalecer el estatuto del Fiscal General pero los considera insuficientes y pide más esfuerzos en lo que respecta a la separación de los mandatos del Fiscal General y del mandato del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía.
