La norma establecida por el equipo de Escrivá cuenta con la oposición de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) pero los plazos se han cumplido y salvo milagro de última hora las universidades tendrán que aplicar la nueva norma
Es decir, 400.000 estudiantes se incorporarían al sistema de cotización, según los cálculos que manejan los diferentes actores implicados, todo un reto en términos de carga burocrática y costes económicos de personal desde el punto de vista de las universidades. «No tenemos ningún precedente, por lo que en un acto de responsabilidad estamos tratando de anteponernos a los problemas que puedan surgir. Muchas universidades ya han reforzado sus plantillas a la espera de ver cómo se va a estructurar, porque en muchos casos estamos teniendo que asumir el papel que la ley le asigna a la entidad o a la empresa que recibe al estudiante», explica la presidenta de CRUE Asuntos Estudiantiles y rectora de la Universidad de Huelva.
Por su parte, también los sindicatos trasladaron al Ministerio de Seguridad Social su rechazo y a la vez sorpresa al conocer que la cotización de las becas se iba a retrasar tres meses más de lo pactado y reflejado en la reforma del sistema público de pensiones. Por lo que ahora fuentes sindicales presentes en la negociación dicen tener garantizada su entrada en vigor, sin margen para nuevos cambios a pesar del relevo al frente de la Seguridad Social. Desde la cartera, sin embargo, no llegan tan lejos y se limitan a constatar que en los últimos meses no se han acordado modificaciones, pero que el nuevo Ministerio tendrá que valorarlo una vez se complete su configuración.
La disposición que recoge la cotización de todos los estudiantes que cursen prácticas curriculares o extracurriculares, con independencia de si estas están remuneradas o no, fue el resultado de una larga negociación en la que las fuentes sindicales valoran que la resistencia de las universidades ha sido superior a la de las patronales. CRUE no formaba parte de la negociación con los agentes sociales para la reforma de las pensiones, pero sí fue consultada por ser uno de los principales actores implicados. La Conferencia de Rectores ha sido especialmente insistente con defender la idea de que esta cotización iba a reducir el interés por tener estudiantes en prácticas, a pesar de que esta está bonificada en un 95% por el Estado de manera que el coste no supera los 9,21 euros mensuales por contingencias comunes y profesionales.
