Según un estudio sobre la Situación de la Morosidad en el Alquiler publicado por el Observatorio del Alquiler e impulsado por la Fundación Alquiler Seguro y la Universidad Rey Juan Carlos, la cuantía media de la deuda creció el año pasado un 4,23% con respecto a 2023. En un contexto en el que los precios no dejaron de subir, los impagos más elevados se concentraron precisamente en las zonas donde mayor es también el esfuerzo económico que suponen los alquileres.
La deuda media de los inquilinos morosos se incrementó el año pasado en unos 350 euros hasta llegar a los 7.957,6 euros. Este monto equivale de media a siete meses de alquiler, ya que la renta media supera ya los 1.100 euros, según los datos del Observatorio del Alquiler. El centro de estudios apunta a que este alza en la morosidad está «estrechamente» relacionada con el aumento de los precios y con el esfuerzo financiero que han de hacer los inquilinos. El aumento de la cuantía de los impagos ha sido significativamente inferior al crecimiento de los precios en el mercado. A falta de conocer los datos del último trimestre, la renta media acumuló una subida del 9,5% con respecto a 2023 en los nueve primeros meses de 2024.
Desde el Observatorio del Alquiler apuntan a que la tendencia al alza en la cuantía de los impagos se ha moderado en los últimos años. No obstante, el estudio señala que los mayores incrementos registrados con respecto a los niveles de morosidad de 2023 se dieron en zonas con gran peso del turismo y del sector servicios. En concreto, Santa Cruz de Tenerife y Valencia fueron las provincias donde más aumentó la deuda media -un 8,2% y 7,9% respectivamente-, seguidas de Huelva, Alicante, Málaga, Sevilla, Zaragoza y Cádiz. En cambio, en zonas del interior como Huesca, Ciudad Real, Salamanca y Almería el impago medio creció menos de un 1% y en Cuenca, Teruel, Soria y Ourense incluso se redujo. Podemos ver cómo algunas comunidades con economías fuertemente vinculadas al turismo, como aquellas que se encuentran en zonas costeras del Levante y las islas, presentan una morosidad más alta», explica Sergio Cardona, analista del Observatorio del Alquiler. «Esto es debido a los altos precios vinculados a una fuerte demanda y a las características laborales del sector turístico, como los contratos temporales y salarios inestables, que aumentan la inestabilidad económica de los inquilinos», añade.
Aun así, las zonas con mayor morosidad acumulada por los inquilinos son aquellas donde los precios de los alquileres son también más altos y requieren un mayor esfuerzo económico. En concreto, Cataluña es la comunidad en la que se detecta la deuda media más elevada, que llega a los 10.996,76 euros. La siguen Baleares, Madrid y País Vasco, con cuantías medias de de 10.234, 9.813 y 8.373 euros. «Es evidente que a medida que el porcentaje de ingresos destinados al pago del alquiler supera ciertos límites, el riesgo de impago se incrementa significativamente», explica Cardona.
En ese sentido, en las diez provincias donde los inquilinos destinan más del 35% de sus ingresos al pago del alquiler, la deuda media acumulada en forma de impagos supera los 6.000 euros. De hecho, Barcelona, Baleares y Guipúzcoa, que se encuentran entre las zonas con mayor nivel de morosidad, son precisamente las tres provincias donde el grado de esfuerzo económico que realizan los inquilinos es mayor, destinando de media más del 38% de los ingresos.
En cambio, en otras comunidades menos tensionadas el impago medio entre los inquilinos con deudas no llega a los 5.000 euros, como es el caso de Asturias (4.718 euros), Castilla y León (4.322 euros), La Rioja (3.882 euros) y Extremadura (3.385 euros). Bajando al detalle por provincias, en Ávila, Soria y Zamora, donde el esfuerzo económico no pasa del 25%, la deuda media no supera los 3.000 euros.
Desde el Observatorio del Alquiler apuntan a que la morosidad es un fenómeno «preocupante» que se espera que continúe creciendo si los precios no bajan y el poder adquisitivo de los inquilinos no varía. Sin embargo, el estudio no cuantifica el número arrendatarios que acumulan deudas con sus caseros, por lo que no es posible determinar en base a estos datos cuál es la proporción de inquilinos que realmente se encuentran en esta situación.
Para proteger a propietarios e inquilinos ante posibles impagos, el Gobierno incluyó en el paquete de medidas presentado hace una semana para mejorar el acceso a la vivienda la creación de avales públicos para asegurar el cobro de la renta de alquiler a los caseros que arrienden sus viviendas a precios asequibles y un acceso al mercado más equitativo para los inquilinos. El Ejecutivo apuntó a que esta iniciativa se pondrá en marcha en un primer momento para propietarios que alquilen a menores de 35 años, aunque la intención es ampliarla poco a poco a otros colectivos. El PP va un paso más allá y habla de un problema de ocupación ilegal -algo que rechazan rotundamente PSOE y Sumar- y proponen agilizar los desalojos, criticando la protección contra desahucios para inquilinos vulnerables introducida tras la pandemia.
