Esta idea no es nueva. Núñez Feijoo lo ha ido anticipando en meses pasados, pero, según confirman fuentes del equipo económico de los populares, se irá trasladando en dos direcciones: tanto en el programa electoral como en las medidas que se pondrán en marcha en los primeros cien días en caso de llegar al Gobierno. En cualquier caso, la iniciativa popular contempla la constitución de un fondo de colaboración público-privada, ya que las aportaciones vendrán tanto de la banca como del Gobierno, y que podría llegar hasta los 2.000 millones de euros, para ayudar a aquellos hogares con rentas más vulnerables y que se han visto afectados por la subida del euríbor y de la inflación. Pese a ello, estas mismas fuentes reconocen que todavía se tiene que definir los criterios. La constitución de este fondo fue una de las alternativas que manejaron las patronales bancarias con los grupos parlamentarios durante las negociaciones que mantuvieron Gobierno y el sector financiero en torno a la aprobación del impuesto extraordinario al sector, (que ha permitido ingresar a las arcas públicas casi 1.200 millones de euros el primer año) para que no fuera un tributo sin contraprestación para los bancos, señalan fuentes del sector. Sin embargo, la propuesta tuvo poco recorrido, especialmente porque el Gobierno se cerró en banda a ello, pero también porque no todas las entidades la ven con buenos ojos.
Algunos bancos creen que este tipo de ayudas a los hipotecados más vulnerables se podría ver como un riesgo perverso: el de proteger a aquellos que más riesgo hayan asumido, por ejemplo con la contratación de una hipoteca a tipo variables en lugar de otra a tipo fijo, frente a los deudores que adoptaron un perfil más conservador. Es decir, podría convertirse en un agravio comparativo para aquellos deudores hipotecarios que realizaron una buena planificación financiera de sus créditos para adquirir una vivienda.
Con todo, Núñez Feijoo se muestra optimista con respecto a llegar a un acuerdo con la banca para progresar en este sentido. El líder de la oposición cree que hubiera sido esto mejor que haber aprobado un impuesto sobre los ingresos de las entidades financieras, más si cabe cuando fue rechazado duramente por el sector, que le ha llevado a recurrido en bloque, con el riesgo de que finalmente puedan recuperar lo abonado ya. Así, lo confirmó en las jornadas organizadas por el Cercle d´Economía la semana pasada. De hecho, este tributo ya fue duramente criticado por los populares y de llegar a Moncloa el Partido Popular podría eliminarlo, junto al impuesto temporal sobre altos patrimonios (que también formaba parte de las medidas aprobadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para combatir la inflación). Sin embargo, sólo podrían retocar el de las eléctricas.
Esta no sería la única medida de apoyo a los hipotecados en apuros. Otra de las medidas estrella que llevará el Partido Popular será la recuperación de la deducción por vivienda habitual, pero a diferencia de la anterior, ésta será de carácter temporal. Actualmente se pueden acoger ahora aquellos contribuyentes que se encuentren dentro del régimen transitorio. Es decir, aquellos que firmaron la compra de la vivienda antes del 1 de enero de 2013, lo que les da el derecho de deducirse el 15% de capital e intereses para un importe máximo de 9.040 euros anuales.
La nueva propuesta del PP sería una deducción por vivienda para las hipotecas firmadas desde 2013, pero acotada a un plazo de dos años y se podrían beneficiar rentas de hasta 40.000 euros, aunque este techo se podría ampliar hasta los 60.000 euros. La iniciativa permitiría una deducción máxima de 750 euros por familia y vivienda ya que se calcularía sobre un 5% del capital , un 15% de los intereses con un límite de la base de 5.000 euros.
Finalmente, las medidas del líder de la oposición para aliviar a los hogares por la subida de los tipos de interés contempla también la aplicación del Código de Buenas Prácticas, que entró en vigor en 2012, y fue actualizado el año pasado, cuyas medidas, entre las que se incluyen periodos de carencia, se adoptarían por consenso y acuerdo. A ello se sumaría también facilitar la negociación para el alargamiento de la vida del crédito hipotecario, lo que supondría rebajar el importe de las cuotas mensuales, aunque esto al final suponga tener que devolver más intereses al banco.