A finales del pasado mes de junio, Bruselas mostró sus reticencias a la unión entre ambas firmas, al entender que podría reducir la competencia en el mercado y, en última instancia, conducir a «aumentos significativos de los precios». Según explicó la Comisión Europea en un comunicado, que resumía algunas de las conclusiones de la investigación en profundidad iniciada en abril, la principal preocupación es la de una reducción del número de operadores, lo que eliminaría «una importante presión competitiva y un rival innovador en los mercados minoristas españoles», de los más competitivos del Viejo Continente.
«Los efectos anticompetitivos previstos son sustanciales incluso después de tener en cuenta los posibles ahorros de costes, en un contexto en el que la competencia ha sido una fuerza impulsora de la inversión y la calidad de los servicios en el mercado español», agregaron desde el Ejecutivo comunitario. MasMóvil, por su parte, mostró su confianza en el resultado del proceso y en los beneficios de la operación.
Un mes después, la Comisión decidió aplazar de forma indefinida la investigación «para disponer de más tiempo para evaluar el impacto que tiene la operación sobre la competencia». Así, Bruselas cambiaba el calendario que fijaba en el pasado 4 de septiembre la fecha para dar luz verde o no a la operación. Entre tanto, Orange anunciaba su intención de reducir en 500 millones de euros su capital para equipararlo al de MásMóvil.
