El anuncio lo ha realizado el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, que este martes firmaba la resolución que inaugura el procedimiento marcado por la nueva Ley de Vivienda para declarar zonas tensionadas. El también líder de Podemos en la región ha asegurado en un comunicado que «con la publicación de la ley ya tenemos a efectos inmediatos la limitación de aumentos en los alquileres del 2% para este año y del 3% para el año próximo». Además, añade, que una vez lograda las declaraciones de zonas tensionadas «podremos declarar grandes tenedores a partir de 5 viviendas».
Los municipios afectados por la resolución del ejecutivo valenciano, que los catalogados como de alta necesidad de vivienda, son 27 en la provincia de Alicante, ocho en la de Castellón y 48 en Valencia, otros 83 ayuntamientos han sido etiquetados como de necesidad media por 82 de baja necesidad, de los que 29 están en Alicante, diez en Castellón y 43 en Valencia.
Para el titular valenciano de Vivienda, es una urgencia y una necesidad cuando se dé un sobreesfuerzo en el pago de la vivienda -es decir, más de un 30% sobre los ingresos familiares– y también cuando el incremento de precios sea de más de tres puntos porcentuales sobre incremento del IPC a lo largo de un periodo de cinco años. Con esta resolución, Illueca ordena a la dirección general de Emergencia Habitacional la instrucción del procedimiento preparatorio dirigido a la obtención de la información relacionada con la situación del mercado residencial en el ámbito de la Comunitat, tendente a la declaración de los ámbitos.
La orden firmada este viernes busca que se aplique de inmediato la nueva Ley de Vivienda en Valencia, tras su publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) . «En la Generalitat ya tenemos los deberes hechos para su aplicación inmediata porque tenemos definidas cuáles son las zonas tensionadas» ha apuntado Illueca quien ve que hay suficiente «base técnica» para aplicar la nueva norma «sin demoras». En la nota de prensa, el responsable de Vivienda defiende que «no es una cuestión menor, porque la declaración de zonas tensionadas nos permitirá controlar mejor los precios, evitar los abusos de los grandes tenedores y disponer también de financiación específica para nuevas construcciones, rehabilitaciones y otras intervenciones».
