Los funcionarios de la Administración de Justicia fueron los siguientes en dejar sus puestos de trabajo para reivindicar una subida de sueldo acorde a las funciones que desempeñan. A ellos le han seguido los jueces y fiscales, que llevan con los sueldos congelados desde 2009, por lo que han convocado un paro indefinido el próximo 16 de mayo. Todas estas huelgas agudizarán la situación de colapso que tienen los tribunales, que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), inició el año 2023 con más de tres millones de causas pendientes de resolver.
“Los tribunales y juzgados llevan años colapsados por la falta de medios personales y materiales. El bloqueo de la renovación del CGPJ, que impide hacer nombramientos en la cúpula judicial, está retrasando el dictado de sentencias que sienta jurisprudencia en asuntos que importan realmente a la gente. La pandemia tuvo varias consecuencias en la actividad judicial. Primero la frenó, generando retrasos, y luego provocó que aumentara en varias jurisdicciones para resolver asuntos como los ERTE, el teletrabajo, o los efectos de medidas adoptadas durante el confinamiento”, explican.
Según las estadísticas del órgano de gobierno de los jueces, los tribunales cerraron a 31 de diciembre de 2022 con 3,4 millones de asuntos pendientes de resolver, siendo la jurisdicción civil la que más casos acumula (1,2 millones).
“El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, con su actitud, provocarán un nuevo retraso en la Administración de Justicia que tardará años en resolverse”, advierten los funcionarios de la Administración de Justicia ante las negociaciones fallidas con el Ejecutivo sobre sus retribuciones.
Los funcionarios de Justicia comenzaron el pasado 17 de abril a realizar paros parciales de tres horas y ese mismo día ya provocó la paralización de 700.000 actuaciones judiciales en todo el país, de los cuales 20.000 eran juicios. Una medida de presión que se ha endurecido tras no llegar a ningún acuerdo con el Ministerio que dirige Llop. Así, a partir del 4 de mayo y, de momento, hasta el día 18 de este mes, los trabajadores públicos pasarán a celebrar siete jornadas de huelga general repartidas a lo largo de tres semanas.
El clima de tensión se elevó el pasado viernes cuando tres asociaciones de jueces y dos de fiscales pasaron del órdago a la realidad y convocaron en firme una huelga indefinida, sin esperar a ver el resultado de la mesa de retribuciones, (como estaba inicialmente previsto), convocada este miércoles y aplazada desde octubre del año pasado. No es la primera vez que jueces y fiscales salen a la calle a protestar, pero sí será la primera de manera indefinida, por lo que se prevé la parálisis de los tribunales, ya que la medida se adoptó tras recabar un amplio apoyo de los jueces asociados.
El escrito presentado ante el CGPJ para anunciar la huelga de la carrera judicial y fiscal explica que la medida se adopta por “la necesidad de una actualización y adecuación retributiva” ante la “pérdida de poder adquisitivo” que arrastran, al menos desde el año 2009. Asimismo, piden más medios para poder afrontar la elevada carga de litigiosidad, cuyo aumento achacan a una “catarata de reformas legislativas” que solo aumenta las funciones de jueces y fiscales. Una reivindicación que comparte con los funcionarios y letrados de la Administración de Justicia.
