Es un paso más en un conflicto que ya ha motivado paros parciales de los trabajadores y que culminará, si no hay acuerdo, con una huelga indefinida desde el 26 de junio. Los trabajadores apuntan a dos parcelas del Gobierno como responsables: al Ministerio de Trabajo y al de Hacienda y Función Pública. Cargan contra los primeros porque son los que alcanzaron el acuerdo que de momento no se cumple y contra los segundos, por no dar luz verde a su aplicación. Por ello, la plantilla pide la dimisión tanto de Díaz como de Montero. Justo antes de las elecciones del 28-M, fuentes de Trabajo expresaron su malestar con Función Pública por no desbloquear el acuerdo y se quejaron de que mejoras parecidas sí se han materializado en ministerios socialistas. Fuentes de Función Pública contestaron que trasladaron a Trabajo una propuesta que incrementa la plantilla de Inspección, pero no convence ni a los trabajadores ni al departamento de Díaz.
Inspección cuenta actualmente con unos 3.100 trabajadores y necesitaría, según los sindicatos, al menos 4.500 para operar correctamente. Para sostener esta postura resaltan que en España hay un inspector o subinspector por cada 15.000 trabajadores, mientras que la media de la Unión Europea y lo que recomienda la Organización Internacional del Trabajo es cada 10.000.
En la nota de prensa en la que anuncian la paralización de las campañas, los inspectores especifican que también interrumpen la de control de las condiciones salariales o la de control de economía irregular y trabajo de extranjeros en la agricultura. Los trabajadores recuerdan que el plan estratégico que recoge estas tareas especifica que “no serían realmente eficaces si no se avanzaba con firmeza en el fortalecimiento y modernización de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, adoptando medidas organizativas y creando una estructura que permitiera su implementación, con la aprobación de una nueva RPT”.
