Con el apoyo cerrado de los populares europeos, quienes se han alineado a los postulados del partido de Alberto Núñez Feijóo respecto al impacto que esta medida pueda tener sobre el poder judicial, la cámara de Estrasburgo asistirá a un debate donde intervendrá un representante de la Comisión Europea, que bien podría el comisario de Justicia, Didier Reynders; quien ostente para entonces la cartera del ramo, puesto que Pilar Llop ya anunció su deseo de dejar la primera línea política y Pedro Sánchez debe nombrar su nuevo gobierno; los distintos portavoces de los grupos y hasta el propio prófugo Carles Puigdemont, si es que así lo decide.
El vicesecretario de Institucional del PP, González Pons, ha subrayado que se va a «examinar la calidad de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y, por la mayoría que ha habido en la junta de portavoces, probablemente a condenarla». En declaraciones en los pasillos del Congreso ha puesto el acento en que el debate al que va a ser sometida España sólo lo han sufrido, Polonia, Hungría y Malta. «Creo que es una humillación para el prestigio de España, consecuencia del grave déficit democrático con el que sale nuestro estado después de este debate» de investidura.
Ante el recordatorio de que la ley de amnistía está en fase de proposición de ley, pendiente de su tramitación parlamentaria y, por tanto sin aprobar, González Pons ha esgrimido que «nuestra democracia no sólo está amenazada por esa ley, sino por la politización del Tribunal Constitucional, de la Fiscalía General del Estado y por el bloqueo del CGPJ», que el Gobierno atribuye al PP, partido que se ha levantado de la mesa de negociación en varias ocasiones.
Asimismo, ha recordado cómo todo el sector de la justicia, de forma unánime, ha puesto pie en pared contra esa misma proposición de ley y la asunción del concepto de la «lawfare» que el PSOE dejó se plasmara en su acuerdo con Junts, «alertando de que el estado de derecho y la división de poderes está en peligro». «Yo no digo que en la UE escuchen al PP, que probablemente sí porque es el grupo mayoritario, pero si escuchan a los jueces españoles