El texto, que se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado, fija la entrada en vigor de la norma para el próximo 3 de abril. Se trata de un cambio legal que el PNV logró introducir en el Pleno del Congreso gracias al voto de ERC y Bildu, que luego calificaron de «error injustificable».
La enmienda de los nacionalistas vascos quedó incorporada al proyecto de Ley Orgánica de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia, que completó su tramitación parlamentaria sin cambiar este artículo, gracias al apoyo de PP y Junts. PSOE, Sumar y Podemos, por su parte, votaron en contra, mientras que Vox se abstuvo.
Gracias a esta enmienda se podrá agilizar el proceso de desahucio en ciertos casos gracias al procedimiento abreviado, un recurso para delitos que conllevan penas de prisión inferiores a cinco años y en los que se detiene al infractor durante la ejecución del mismo, como robos, hurtos o faltas contra la seguridad vial. Tras la detención, la policía judicial tiene 72 horas para remitir al juez la documentación y este determinará si solicita diligencias urgentes o no. Una vez finalizadas las diligencias, el magistrado escuchará a las partes y, si piden juicio oral, tendrán cinco días para presentar sus escritos. A continuación, el juez pondrá fecha en un plazo máximo de quince días y dictará sentencia en un máximo de tres. Es decir, en menos de un mes desde la denuncia ya es posible tener una resolución judicial para llevar a cabo el lanzamiento, si procede.
En la última votación en el Congreso, Podemos aseguró que el Gobierno se habría comprometido a derogar la modificación a través de una ley orgánica, algo que PNV, Junts, PP y Vox no piensan apoyar.
La reforma, no obstante, no afectará a todas las okupaciones ni va a provocar la salida inmediata de las personas que se encuentren en la vivienda. En primer lugar, solo se aplica a los casos de usurpación y allanamiento, la entendida como ‘patada en la puerta’.
Además, en los casos de usurpación o allanamiento en los que se vean involucradas personas vulnerables, «el desalojo no será tan inmediato como parece, ya que los servicios sociales deberán intervenir, alargando los tiempos procesales», según explica José Ramón Zurdo, director de la Agencia Negociadora del Alquiler.
