La cifra concreta se desprende de la memoria económica del proyecto de ley remitido al Congreso que incluye la creación de este organismo. Eso sí, esos casi 42 millones de euros constituyen una aproximación que el Ejecutivo hace para tener en cuenta una estimación del impacto presupuestario en ejercicios futuros. El grueso del coste se sitúa en los gastos de personal, que ascienden hasta los 19,22 millones de euros. En concreto, el Ejecutivo estima que en funcionarios haya un coste de algo más de cinco millones de euros; de unos 8,9 millones en personal laboral y de 617.540 euros en altos cargos.
Los gastos de funcionamiento totales no incluyen los importes de las transferencias con destino al sector eléctrico, ya que, según el proyecto de ley, no constituyen un gasto de funcionamiento como tal ni se produce ninguna variación en su importe debido a la reinstauración de la CNE.
Eso sí, el Gobierno señala que los casi 42 millones de gasto se podrían disminuir en años sucesivos, ya que parte de la dotación se explica por la necesidad de llevar a cabo inversiones en los primeros años por la reinstauración del organismo que quedó integrado en la CNMC, especialmente para dotarse de una adecuada e independiente infraestructura informática. Esta estimación de gastos también puede revisarse a la baja en la medida en que se llegue a acuerdos con la CNMC para la prestación conjunta de algunos servicios susceptibles de tal gestión compartida, especialmente gastos corrientes. Además, el Gobierno apunta que habrá que tener en cuenta la reducción de gastos correspondientes por parte de la CNMC en ejercicios futuros, cuando se concreten dichos acuerdos.
En este sentido, el Ejecutivo indica que parte de los gastos del futuro organismo son una «mera traslación» de un organismo a otro, como por ejemplo las contribuciones a organismos internacionales del ámbito de la energía, los gastos asociados a la gestión de los ingresos del sector eléctrico, costas procesales vinculadas a recursos del sector eléctrico, o los gastos de personal.
Asimismo, el Gobierno dice que los gastos de funcionamiento del organismo vendrían a estar cubiertos parcialmente por las tasas de hidrocarburos gaseosos, hidrocarburos líquidos y del sector eléctrico, que aportarían unos ingresos de en torno a 27 millones de euros.
