Este apartado, uno de los más polémicos y discutidos de la ley, es considerado “desastroso” por parte de Unsain, director general de ACV Gestión Inmobiliaria, quien considera que aplicando este tope tanto a nuevos contratos como a contratos vigentes se corre el riesgo de producirse “un aumento excesivo en el precio de la vivienda debido a que los propietarios querrán absorber este tope del 3% en el precio inicial del alquiler”. Unsain muestra su preocupación ante una posible retirada de producto por parte de propietarios que “pongan sus viviendas a la venta antes de aplicarse esta regulación” y que produzca una caída de inversores en el mercado inmobiliario.
“La aprobación de esta regulación va a perjudicar a los más vulnerables, que no van a poder acceder a viviendas de alquiler. El resultado de estas medidas será una caída de la oferta y un excesivo incremento de los precios del alquiler”, explica Unsain. El experto advierte que ante la aplicación de esta nueva Ley de Vivienda “va a haber un traspaso de la oferta de alquiler convencional al alquiler turístico en caso de que este último no esté regulado, además de aumentar el número de operaciones en B”
“La limitación a los grandes tenedores a cinco inmuebles es un absoluto desastre que genera miedo, además de no favorecer en absoluto el acceso al mercado de la vivienda”, explica el experto, el cual, considera que la medida no es “tan grave como la aplicada a Cataluña” y que el gobierno “se ha vendido para contentar al sector más de izquierdas de los socios de gobierno”.
Del mismo modo, el expresidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliarios (AEPSI) valora como “coherente” la reforma que obliga a los propietarios a correr los gastos y honorarios inmobiliarios producidos por el alquiler de un inmueble. “Este cambio tiene sentido, ya que los honorarios los debe pagar quien recibe el servicio, que en este caso es el propietario”.
El experto advierte que ante esta decisión “lo que ocurrirá es que el propietario querrá recuperar este coste incrementando el precio del alquiler o buscando fórmulas como repercutir en el inquilino otros gastos de comunidad o el IBI”.
