De esta manera, existe mucha incertidumbre en estos momentos entre los arrendadores así lo ha subrayado el presidente de FAI, Alfaro quien lamenta que las prisas electorales hayan dado a luz verde a una ley que no ataja de raíz el grave problema que existe en España con la vivienda. A consecuencia de ello, el presidente la asociación de inmobiliarias insiste en que acabará siendo contraproducente y repercutirá a los propios inquilinos, aparte de que también afectará a los pequeños propietarios que son los que ponen el 95% de la oferta en el mercado.
Se endurecen los requisitos para los inquilinos
Por otro lado, según FAI, la Ley de Vivienda, aprobada ayer definitivamente en el Senado, elevará el precio de los nuevos alquileres, reducirá el «stock» tras el trasvase de viviendas a otras modalidades de alquiler o a la venta y supondrá problemas para los inquilinos menos solventes ya que los propietarios endurecerán los requisitos para elegirlos. También apunta a que los inquilinos tendrán que depositar y garantizar más fianza o avales; disminuirá la capacidad de negociación de los arrendadores, que verán además reducida su rentabilidad por un menor incentivo fiscal y un mayor riesgo de extensión del plazo para recuperar la vivienda ante un impago.
Además, los dueños en zonas tensionadas invertirán menos para mantener sus viviendas; ante el mayor coste de gestión los inquilinos deberán comprometerse a un período de arrendamiento mínimo más alto; los arrendadores tenderán a autogestionarse para ahorrarse costes adicionales, lo que se traducirá en un aumento de la economía sumergida, y los inquilinos pueden ser víctimas de engaños, estafas o condiciones abusivas, advierte.
La nueva ley contraerá aun mas el mercado
Ley de Vivienda «contraerá aún más la oferta al sembrar inseguridad jurídica», según opina el portal inmobiliario Fotocasa, que cree que la norma se centra solamente en una parte del mercado del alquiler: en la protección a los inquilinos y colectivos vulnerables. Mientras, el otro eje fundamental que conforma el arrendamiento, los propietarios, quedan desprovistos de seguridad jurídica, dicen. «Somos conscientes de la sensibilidad en la que se envuelve una política como la de vivienda, y por ello calificamos como positivas las medidas que tienen el objetivo de establecer el derecho social a un hogar digno, al mismo tiempo que equilibrar el mercado del alquiler, aumentar la oferta de viviendas y ayudar a que los jóvenes puedan emanciparse mucho antes», afirman.
Sin embargo, creen que «no parece que se esté teniendo en cuenta la realidad actual del mercado, en la que la falta de oferta de vivienda en renta es la principal problemática que está impulsando los precios al alza». Desde Fotocasa consideran que «se aprecian carencias en cuanto a la seguridad jurídica y contrapartidas en forma de ayudas o bonificaciones para los propietarios que también sufren las tensiones inflacionistas y el alza de los precios».
Además, señalan que «las medidas punitivas no proyectan estabilidad ni confianza en nuestro mercado». Aseguran que la principal fórmula que puede ayudar a equilibrar el mercado y, por consiguiente, estabilizar los precios es la ampliación de la oferta, «para lo que es necesario crear un marco que agrupe la vivienda, el urbanismo y el suelo, con medidas estimulantes e incentivadoras para impulsar el aumento del parque de vivienda público en alquiler, con viviendas sociales y asequibles».
«Los frutos de esta nueva ley serán recogidos en los próximos años. Esperamos poder decir que esta norma ha traído una mejor accesibilidad para las personas con menos recursos y nuestros jóvenes, seguridad jurídica para los propietarios, confianza de cara al exterior inversor y estabilidad en nuestro mercado inmobiliario», concluyen.
