La vicepresidenta segunda quiere legislar cuanto antes para cumplir las fechas de su programa de Gobierno, pero el tempo de la negociación entre los empresarios y los sindicatos son otros. La búsqueda del acuerdo llegará, en todo caso, teniendo en cuenta que la parte empresarial quiere preparar con tiempo la reducción de la jornada laboral que pretenden rebajar en 2026. Este mismo lunes Trabajo ha convocado a los agentes sociales a una reunión para avanzar en la búsqueda de un acuerdo.
El Gobierno quiere reducir la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5 horas para 2025 sin merma salarial y lo quiere hacer en dos tramos: hasta las 38,5 horas en 2024 para llevarlas a las 37,5 horas en 2025. El periodo de transitoriedad es una de las diferencias evidentes que alejan el acuerdo entre los miembros del diálogo social y también con el Gobierno. Fuentes empresariales explican que este punto traza una línea roja en la negociación. El análisis previo del impacto que tendría la reducción de la jornada laboral motiva la prórroga de la decisión. Así, aplazar dos años (desde este año, para cuando está previsto el primer recorte) el inicio de esta medida sería «esencial para el acuerdo».
Sin embargo, UGT, quiere cumplir los plazos, aunque son conscientes de que los plazos son cada vez más ajustados.
Eso sí, dicen ser conscientes de las complicaciones que pueden surgir en el proceso de rebaja de 40 a 37,5 horas semanales y aseguran estar «buscando fórmulas» como forma de prevención. Con la negociación al ralentí –los agentes sociales se han citado en un par de ocasiones y a finales de abril tuvieron que desconvocar una reunión por problemas de agenda–, será todo un reto firmar un acuerdo a lo largo del año.
Está previsto que esta reforma afecte a la gran mayoría de los trabajadores asalariados, por cuenta ajena, que tienen jornadas superiores a 37,5 horas. El Ministerio de Trabajo difundió a comienzos de año que 10,3 millones de personas trabajan por encima de ese baremo. CCOO estimó que afectará al 94% de los trabajadores cubiertos por convenios colectivos.
Con todo, la voluntad sindical es la de llegar un acuerdo y presionan por ello. Tienden la mano a CEOE y Cepyme, asegurando que «nos gustaría que la patronal forme parte del acuerdo» para dar certidumbre al diálogo social, a los convenios colectivos y al empleo.
Díaz, por su parte, no quiere demorar más de la cuenta la propuesta estrella que le impulsó al Gobierno con Sumar. Recientemente declaró que «se va a llevar a cabo con carácter inmediato», instando a las dos partes a alcanzar un acuerdo con celeridad. En ausencia de consenso entre los representantes de los empresarios y los de los trabajadores tiene la voluntad de legislar por su cuenta. La ministra de Trabajo realizó estas declaraciones en París, coincidiendo con la presentación de un informe sobre productividad en el que, precisamente, la OCDE le sugería que buscara el consenso con todas las partes.
Desde la patronal señalan que hay flecos que negociar: qué ocurrirá con la aplicación de la futura jornada ordinaria en trabajos irregulares que demandan más trabajo en temporadas altas, como puede ser el sector turístico, trabajos agrarios en temporadas de recolección o cualquier tipo de puesto cuya actividad demande la realización de más horas.
La posibilidad de modificar las horas extra anuales, en un escenario en el que se verá reducida la jornada laboral, está llamado a ser uno de los grandes aspectos que cerrar para salvar la reforma. Los apoyos políticos que consiga labrar Díaz serán imprescindibles para que la nueva jornada laboral sea fructífera.
