El sector pesquero ya mira hacia el próximo 9 de junio, cuando se celebren las elecciones a la Eurocámara y comience el proceso de renovación de la Comisión Europea y otros cargos comunitarios. Con esta fecha marcada en rojo en el calendario, la patronal Cepesca, la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP), la Asociación empresarial de acuicultura española (Apromar) y la Federación Nacional de Asociaciones Provinciales de Empresarios Detallistas de Pescados y Productos Congelados (Fedepesca) se unen a las protestas que ya vienen protagonizando los agricultores y ganaderos, aunque se deja en manos de cada asociación y agrupación concretar las acciones a realizar. En un comunicado conjunto exigen que la próxima Comisión Europea dilucide «de una vez por todas» qué lugar quiere que ocupe el sector primario y piden que España se ponga a la cabeza de la defensa de esta actividad al tratarse de la principal potencia pesquera de la UE.
En concreto, piden al ministro Planas que haga valer la condición de España como principal potencia pesquera de la Unión Europea. España cuenta con una flota de más de 8.500 buques, que genera 31.000 empleos directos y otros 150.000 indirectos junto a una facturación en primera venta de 2.000 millones de euros. Para el sector, el Gobierno debe defender los intereses de esta actividad «sentirser orgullosa de ella y no frustrar a toda una nueva generación de profesionales su acceso a una actividad con un alto componente de tradició familiar¨». De igual modo, han cargado de forma unánime contra las políticas comunitarias que creen que están lejos de la realidad y obsesionadas con el medioambiente. «Lo que ha provocado unos niveles de control y burocracia administrativa asfixiantes que comprometen seriamente la viabilidad de las empresas», critican desde el sector.
En concreto, desde la pesca exigen un cambio de rumbo en la Política Pesquera Común (PPC) y en las regulaciones medioambientales. Además piden que se tenga en cuenta el «impacto socioeconómico» que se derive de todas las normas que se aprueben para lograr «un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales y la seguridad alimentaria». En esta línea, desde armadores a detallistas reivindican la simplificación del marco legal y que se aligere las cargas burocráticas. Otra de las peticiones, de forma similar a sus homólogos del campo, es que se igualen los requistos de las productos de terceros países con los de la Unión Europea.
El 70% del pescado consumido es de fuera de la UE
Tanto armadores como pescadores, acuicultores y detallistas también están de acuerdo en que las políticas comunitarias están debilitando «irresponsablemente» el interés de los europeos,. En su opinión, se está poniendo en juego la soberanía alimentaria del bloque comunitario poniéndola en manos de importaciones de terceros países. En este sentido, recuerdan que el 70% del pescado consumido en la UE viene del exterior y critican que se esté abriendo la puerta a productos pesqueros de origen asiático «sin exigirles los mismos estándares que a los productores europeos». A su juicio, esto los convierte en más competitivos en precios.
En el caso español, añaden desde el sector pesquero, esto se está traduciendo en un saldo exterior negativo creciente en la balanza comercial que estiman en 3.581 millones de euros en 2022, según datos del Ministerio de Agricultura. Al respecto, mencionan que España solo en lomos de atún exentos de aranceles importó 23.751 toneladas. Hasta el 79% con origen en China, «país reconocido internacionalmente por practicar pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR)». En este sentido, como sus homólogos del campo, piden que se igualen los requisitos de los productos de terceros países con los de la Unión Europea. Además, ante la caída de la demanda de los productos pesqueros, piden mayor inversión en promoción y que se elimine el IVA del pescado.
