Desde la instauración de la democracia se ha procedido en ocho ocasiones a una prórroga de las cuentas públicas, si bien los últimos presupuestos Montoro de 2018, pasarán a la historia como los más longevos tras haber estado en vigor durante tres ejercicios consecutivos, hasta que fueron sustituidos en 2021 por los primeros de la actual ministra de Hacienda Montero.
Como todo el mundo sabe, el inicio para la elaboración de los PGE es en julio y lleva de la mano la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, así como a la Comisión Nacional de Administraciones Locales, que son los dos órganos donde tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos son informados de sus objetivos de déficit, para que ya inicien sus presupuestos y se ciñan a esas cifras. De esta manera el anteproyecto debería estar listo antes de que finalice septiembre, para su aprobación definitiva antes del 31 de diciembre, previa tramitación parlamentaria que suele durar cerca de tres meses. Algo que hoy por hoy es imposible.
Además, un eventual Gobierno socialista, tendría que luchar contra un mas que posible veto de un Senado con mayoría absoluta del PP, que complicaría la aprobación.
De cualquier forma, la prórroga no supone en si mismo un problema profundo para la economía, ya que la prórroga siempre lleva consigo un conjunto de decretos en los que se desarrollan los ajustes de una cuentas que fueron aprobadas un año antes y que por lo tanto deberían tener encaje en el ejercicio posterior.
Por otra parte, y tal y como mencionábamos ayer en este periódico, los PGE-2024 estarán supeditados al cumplimiento de las nuevas reglas fiscales europeas que se definirán y aprobarán antes del fin de la presidencia europea española y que servirán para vigilar más de cerca la evolución del déficit público que deberá tender hacia el 3% del PIB, al tiempo que la ratio de deuda debería reducirse hacia una ratio del 70% del PIB, objetivo ambicioso y de cumplimiento más bien a largo plazo si se tiene en cuenta que la actual ratio está en España en el 113% del PIB. Pero es que tras las diferentes medidas puestas en marcha para hacer frente al Covid en un primer momento y a los efectos de la guerra posteriormente, han elevado esta variable a niveles históricos.
Sin embargo, la repetición de las cuentas de 2023 en 2024 no debe suponer problema alguno para cumplir con los compromisos de gasto adquiridos por el Gobierno. La revalorización de las pensiones en función del IPC está asegurada, siendo incluso una medida de menor cuantía al esperarse una inflación inferior a la de 2022 (8.4%). Lo mismo sucedería con el compromiso de incremento de los salarios públicos. Además, a partir del 1 de enero dejarían de aplicarse una serie de medidas para hacer frente a la inflación como la rebaja del IVA de determinados alimentos, la electricidad y el gas. Montero ya adelantó el compromiso de cumplir con el déficit al bajarlo al 3% antes de lo previsto, al tiempo que se mantendrían las medidas de carácter tributario.
