Un pacto que se cierra sin el apoyo de la patronal y que la vicepresidenta y los líderes de UGT y CCOO rubricarán en un acto de firma este mismo miércoles.
El pasado lunes, Trabajo y sindicatos tuvieron una intensa reunión en la que el departamento de Díaz les planteó un último borrador con modificaciones importantes. Los sindicatos pidieron que se retocasen un par de flecos que quedaban pendientes y han sometido el texto a sus órganos de decisión, que finalmente le han dado luz verde esta mañana.
La principal novedad que incluye el nuevo texto pactado es que se mantiene la sobrecotización del 125% de la base mínima para la modalidad de la ayuda a mayores de 52 años. Este punto fue el que causó el fracaso parlamentario de la norma el pasado enero. Entonces, los diputados de Podemos decidieron votar en contra de la convalidación del decreto alegando que se trataba un recorte para las futuras pensiones de estas personas.
Desde Sumar negaron al principio que se recortaran las pensiones, pero finalmente han tenido que dar un paso atrás y mantener la sobrecotización del 125% para que Podemos pueda darle el visto bueno en las Cortes. La formación de Belarra fue la única junto a PP y Vox en votar en contra de la convalidación del decreto el pasado enero en una sesión parlamentaria caótica en la que el Gobierno se llevó un importante revés. Aunque los morados todavía no han confirmado oficialmente si votarán a favor o no, todo apunta a que, salvado este escollo, lo harán cuando se tramite la iniciativa. Desde Trabajo no han confirmado todavía si tramitará como proyecto de ley o por real decreto.
Además, el texto actual incluye otras medidas que no estaban previstas en el decreto que decayó en enero, como la posibilidad de compatibilizar el paro con trabajo a jornada completa; la eliminación de los subsidios parciales (ahora todos los beneficiarios cobrarán la ayuda completa, sea cual fuere su jornada cuando trabajaban) y la creación de dos nuevas ayudas para migrantes retornados y víctimas de violencia machista. La prestación contributiva por desempleo se podrá compatibilizar con un trabajo a tiempo completo a partir del decimotercer mes de estar cobrando el paro y por un máximo de 180 días, según adelantó La Información el pasado martes. Esta medida, que recomiendan organismos como el Banco de España para incentivar el empleo, va en línea con la compatibilidad de los subsidios y el trabajo, que ya se recogía en el decreto que decayó en enero. Más allá de estas cuestiones, el núcleo de la propuesta sigue siendo el mismo que no prosperó en las Cortes el pasado mes de enero. Con la reforma, la cuantía de las ayudas subirá desde los 480 euros actuales (el 80% del Iprem) a 570 los seis primeros meses, que posteriormente se reducirán hasta 540 el siguiente semestre para estabilizarse en 480 el resto del periodo. Si el Gobierno aprueba una subida del Iprem —que está congelado este 2024— esas cuantías crecerían moderadamente.
Además, la norma facilita que se pueda trabajar y percibir la ayuda también durante los 180 primeros días de la prestación y se elimina el mes de espera que exige la legislación actual para empezar a cobrar el subsidio. De igual modo, la reforma permitirá que se beneficien de estas ayudas los menores de 45 años sin cargas familiares y los trabajadores eventuales del sector agrario, sea cual sea su comunidad autónoma de residencia.
Esta reforma es crucial para recibir el cuarto pago de los fondos europeos, dotado con 10.000 millones en ayudas directas. La Comisión Europea tiene de plazo para evaluar las reformas incluidas en este tramo de ayudas hasta el 20 de mayo. En caso de que la norma no estuviera lista entonces, España se arriesga a recibir un desembolso parcial o una congelación del dinero europeo hasta que se resuelva la situación. Una posibilidad que tendría más bien efectos reputacionales, pues en cuanto se acredita el cumplimiento de la reforma se desbloquean los pagos.
En la actualidad hay 753.992 personas que perciben el subsidio por desempleo, de los cuales el 61% recibían la modalidad para mayores de 52 años de edad. Entre estos últimos, 238.355 personas tienen más de 60 años, por lo que su entrada en la jubilación es inminente.
