El informe, que solo mide el valor económico, advierte de un retroceso en la riqueza natural del país, aunque aún se encuentra un 34% por encima de la media europea, que es cercana a los 7.000 euros por habitante. A la cabeza se encuentran Finlandia, con más de 21.000 euros per cápita, seguido de Suecia e Irlanda. El capital natural forma parte del capital o riqueza acumulada total que constituye la base productiva a partir de la cual se genera todo el flujo de bienes y servicios de la economía nacional (PIB), indica el análisis, que justifica el trabajo en el interés por conocer en qué medida es posible aumentar el PIB sin reducir o sobreexplotar los recursos naturales. Entre 1995 y 2018 el valor de los recursos naturales ha descendido un 15%, mientras que el PIB per cápita ha crecido un 39% en el mismo periodo.
La monografía defiende que disponer de esta cuantificación es importante porque la sostenibilidad futura de los actuales niveles de extracción y producción va a venir determinada por recursos actuales, y añade: «Si los niveles de actividad actuales agotan y degradan los activos naturales disponibles con una rapidez mayor de la que admite su regeneración, su disponibilidad a largo plazo puede verse comprometida, dando lugar a pérdidas de bienestar para las generaciones futuras, que ya no podrían disfrutar de esos recursos».
El componente más importante del capital natural español lo forman las tierras de cultivo y de pasto, que concentran casi el 60% del valor total, casi a la par entre las de secano y las de regadío. Aunque la superficie dedicada a cultivos de secano es mucho mayor en España, los mayores precios de las tierras de regadío hacen que ambas tengan la misma participación en el cómputo global. Los segundos en importancia son los recursos forestales madereros y no madereros, que comportan casi un cuarto del total. Sin embargo, el peso de este recurso natural se ha reducido más de 12 puntos entre 1995 y 2018. Esta pérdida se corresponde con la ganancia experimentada por las áreas protegidas por normativas nacionales y autonómicas, el activo que más ha aumentado su importancia relativa en el mismo periodo, cita el informe.
Por último, los recursos energéticos y minerales son los menos importantes en el caso español, ya que solo suponen un 1% del total y han perdido peso debido a la reducción de los recursos energéticos. La extracción de carbón finalizó en España en diciembre de 2018 y la de gas natural y crudo de petróleo también es muy modesta, indica el texto, que no valora en sus cálculos la producción de energías renovables.
En términos absolutos, si se muestra conjuntamente la evolución del PIB y del stock de capital natural, el crecimiento económico no parece comportar «una pérdida significativa» de capital natural agregado: el PIB crece un 60% y el capital natural desciende un 0,4%. Sin embargo, advierte el texto, al revisar los datos en detalle y en función de la población, «la pérdida de dotación relativa de recursos naturales se hace más evidente, por el aumento de la población registrado en este periodo». Así, apuntan, «mantener los ritmos de aumento de la población junto al estancamiento del stock de capital natural podría poner en riesgo la sostenibilidad del crecimiento y el bienestar de las generaciones futuras porque dispondrían de menos recursos naturales de los que disfrutar o en los que basar el desarrollo económico». Este riesgo, dice el informe, «no sería de aplicación a aquellos activos ambientales que reúnen las características de los bienes públicos, como las áreas naturales protegidas, al menos hasta que su disfrute no alcanzase el punto de congestión», al ser espacios que no son de consumo.
En términos per cápita las diferencias territoriales también son relevantes y se han ampliado desde 1995. Las mayores dotaciones relativas se concentran en las regiones del centro y el sur de la península: Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León superan los 22.000 euros de dotaciones por habitante, lo que supone más que duplicar la media nacional (9.000). Sin embargo, los territorios densamente poblados como Baleares, la Comunitat Valenciana, País Vasco, Cataluña y Madrid no llegan a 5.000 euros por habitante. La Comunitat Valenciana y Cataluña son las que más han perdido, con un 10% de caída en dos décadas en el ámbito autonómico.
