En total, serán 9.725 profesionales los que dejarán de trabajar en los próximos años. Sin embargo, no todas las especialidades médicas sufrirán por igual las jubilaciones que se avecinan en el sector. Según la patronal, la especialidad que acusará en mayor medida estas jubilaciones es Cirugía Ortopédica y Traumatología, que perderá 284 médicos en el próximo lustro; 275, en los próximos diez; y 477, en los próximos 15 años. Es decir, en el año 2038, la sanidad privada tendrá 1.036 cirujanos ortopédicos y traumatólogos menos. Le sigue Obstetricia y Ginecología, que perderá 856 profesionales en 15 años, y Anestesiología y Reanimación, que contará con 830 profesionales menos.
«Uno de los principales desafíos tanto para la sanidad privada como para la pública es realizar una planificación efectiva de los recursos humanos, que debe tener un enfoque a largo plazo, con una proyección mínima de diez años. Y esto debe hacerse hoy para evitar las posibles consecuencias. Para alcanzar este objetivo, es fundamental la colaboración de todos los actores del Sistema Nacional de Salud y que se implementen medidas como la reespecialización médica de profesionales ya formados que nos va a permitir optimizar el talento ya existente», explica el presidente de la patronal, Carlos Rus.
Por otro lado, otro de los problemas es que la sanidad privada comparte médicos con la pública, por lo que la mayoría de los contratos que existen en el sector son a tiempo parcial. Aspe señala que del total de 24.189 médicos, hay 16.325 (67,49%) trabajando con este tipo de contrato. De ellos, 5.538 (33,92%) son mujeres y 10.555 (64,66%) son hombres. Por tanto, solo 7.864 especialistas, el 32,51%, desarrollan su labor en los centros privados a tiempo completo.
En este contexto, para el sector de la provisión sanitaria es imperativo acelerar el proceso de homologación de títulos extracomunitarios, teniendo en cuenta que esta medida no solo facilitará la incorporación inmediata de talento internacional altamente capacitado, sino que también permitirá una respuesta más eficiente a las demandas del mercado laboral, «más aún en verano, cuando la situación se torna especialmente crítica dado que la escasez de profesionales se agudiza», señalan desde Aspe.
Tras años de negociación, el Ministerio de Sanidad elaboró un protocolo para agilizar la homologación de títulos para ciudadanos extracomunitarios, pero la realidad es que el proceso termina siendo farragoso y carece de la agilidad que pide el sector. Si se consigue acelerar, se conseguiría ampliar la oferta de contratación. «Uno de los mayores desafíos es el tiempo que toma el proceso y la burocracia que conlleva. Dependiendo del caso, la homologación puede tardar varios años en completarse, lo que genera frustración entre los solicitantes, al tiempo que supone un impedimento para satisfacer las necesidades y demanda actual de especialistas. Llevamos tiempo haciendo un llamamiento a reformar el proceso para hacerlo más ágil; sin embargo, hasta la fecha, los cambios han sido limitados y claramente insuficientes. Es imperativo que el Gobierno español tome medidas urgentes, ya que la actual burocracia lenta y engorrosa».
Pero aquí no acaban los problemas, La pérdida de profesionales en la sanidad privada afecta a la sanidad pública de manera indirecta en varios aspectos. En primer lugar, un deterioro del servicio derivado de la pérdida de profesionales puede acarrear un deslizamiento del cliente hacia los hospitales de la seguridad social. Esto implica que las listas de espera, ya bastante colapsadas, asumirían mayor presión asistencial. Cabe recordar que, según los datos del último informe ‘Aportando Valor’ de la Fundación IDIS (la otra patronal del sector sanitario privado) el peso de estas empresas en intervenciones médicas es muy significativo. De esta forma, los hospitales privados registraron cerca de 1,4 millones de intervenciones quirúrgicas (33% del total), atendieron 5,6 millones de urgencias (24,5% del total), registraron aproximadamente 1,1 millones de ingresos (22,6% del total) y 1 millón de altas hospitalarias (21,9%).
La otra derivada es el sistema de mutualismo que existe en España. Alrededor de dos millones de funcionarios reciben asistencia médica en centros y hospitales privados. Si ya de por sí el sistema acusa una financiación insuficiente, según denuncian las empresas que prestan el servicio, añadirle una falta de personal gradual en los próximos años no hará otra cosa que empeorar la situación.
Y todo esto contando con que el sistema de mutualismo siga existiendo, ya que en este momento las primeras conversaciones y negociaciones no están siendo muy positivas, tal y como ha contado este periódico a través de fuentes cercanas al proceso.
