El debate en torno a la semana laboral de cuatro días se ha mantenido durante 2022, y seguirá dando que hablar en el presente año en nuestro país, donde ya se están llevando a cabo varias iniciativas. El Gobierno ha abierto una convocatoria de subvenciones, dirigida a pymes del sector industrial que recorten al menos un 10% de su jornada y mantengan el salario de las plantillas durante dos años. En la Comunidad Valenciana se ha puesto en marcha una prueba de 32 horas semanales, para evaluar su impacto en tres grandes áreas: la salud y el bienestar, la emergencia climática y la economía. Y el gobierno vasco también está contemplando la posibilidad de implantar una iniciativa similar.
La ministra de Trabajo, Díaz, es una de las grandes defensoras de la reducción de jornada. En el Estudio de fundamentación para la Ley de Usos del Tiempo y racionalización horaria, encargado por el Ministerio, concluye entre sus recomendaciones la reducción de las jornadas laborales semanales, desde las 40 horas actuales a 37,5 en 2026 y a 32 en los próximos 9 años; así como medidas relacionadas con la flexibilidad, conciliación, productividad y salud laboral.
«Nuestra legislación sobre tiempo de trabajo debe establecer reglas de funcionamiento rotundas y claras, que impidan las jornadas infinitas. Debe ser una legislación que consolide la flexibilidad ante los imprevistos, o las necesidades puntuales, tanto de las empresas como de las personas trabajadoras», explicó Díaz en la presentación del estudio. Los expertos apuntan que ajustarse a la jornada propuesta, conllevará incentivos a las empresas que apliquen la reducción, así como la equiparación, en 37,5 horas semanales, de todos los trabajadores con los empleados de la Administración Pública y algunos convenios.
Para las empresas, el motivo principal a la respuesta dada es la falta de margen de beneficio para mantener los salarios con mejor jornada, según el 41% de las organizaciones encuestadas. Otras razones de por qué no lo ven viable son la falta de margen de productividad para amortizar una jornada a la semana (27,97%) y la imposibilidad de cubrir la jornada 5º con otros trabajadores a tiempo parcial (18,64%).
Los trabajadores, por contra, no tienen la misma percepción que sus empleadores sobre una posible reducción de su jornada laboral. Para el 66,6% de los trabajadores la opción de llegar a las 32 horas, al mismo tiempo que se pueden mantener los salarios, es posible para sus empresas. Los que no lo ven posible, consideran que la razón está principalmente en que las empresas no están por la labor de asumir esa jornada.
