El debate parlamentario sobre la reducción de la semana laboral de 40 a 32 horas lo abrió Más País (la formación de Errejón ahora integrada en Sumar), que condicionó su apoyo a los presupuestos de 2021 a la puesta en marcha de un programa piloto que el Gobierno se comprometió a financiar con 50 millones de euros. La dotación económica para implementarlo se retrasó a los presupuestos de 2022 por un importe muy inferior (10 millones), su puesta en marcha no llegó hasta 2023 y a día de hoy aún no se ha resuelto la convocatoria a la que se presentaron 41 pymes industriales.
Las 32 horas son, en cualquier caso, una reivindicación sindical a medio plazo en un contexto europeo en el que no se ha avanzado legalmente hacia ese objetivo, más allá de proyectos piloto en países como Reino Unido. Bélgica reconoció la semana laboral de cuatro días en su última reforma laboral de 2022, lo que da la posibilidad de concentrar el trabajo en menos días pero sin reducir las 38 semanales establecidas legalmente.
Entre las empresas que ya han implantado en España la semana de cuatro días hay dos compañías andaluzas, Software DELSOL y Grupo Deluxe, que con jornadas máximas de 36 horas semanales han visto crecer la productividad y no prevén dar marcha atrás a una medida que ha propiciado «trabajadores más felices».
