Documentos remitidos por el PSOE al Tribunal Supremo, analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, detallan una serie de abonos en metálico que han generado sospechas de opacidad y posibles irregularidades, en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’.
Estas novedades intensifican la presión sobre los socialistas y podrían derivar en una causa por financiación ilegal del partido. La principal novedad del día gira en torno a Cerdán, quien asumió la secretaría de Organización en 2021 tras la destitución de Ábalos. Según la documentación aportada por Ferraz al Supremo, Cerdán recibió un total de 84 pagos en efectivo por valor de más de 30.500 euros. De ellos, 21 pagos en efectivo fueron entre 2021 y 2024, totalizando 7.433 euros. Abonos que continuaron tras el estallido del ‘caso Koldo’ en febrero de 2024. En al menos dos ocasiones, los pagos superaron el límite legal de 1.000 euros establecido por la ley antiblanqueo de 2020, con cantidades que alcanzaron hasta 4.000 euros mensuales en algunos períodos.
El PSOE se ha justificado diciendo que los desembolsos fueron «gastos de representación», pero la UCO ha detectado discrepancias entre los justificantes oficiales y los registros, alimentando dudas sobre una posible contabilidad paralela. Santos Cerdán pasó 65.000 euros en gastos durante sus cuatro años como ‘número tres’ del partido, con la mayoría de los anticipos abonados en metálico entre 2017 y 2020.
A partir de 2020, el PSOE adoptó la regla de pagar por transferencia, aunque se mantuvieron excepciones en el caso de Cerdán. La dirección socialista insiste en que todo es «legal» y auditado por el Tribunal de Cuentas, negando sobresueldos o financiación irregular.
Así pues las versiones del PSOE y los implicados han sido cuanto menos erráticas. Inicialmente, el partido negó pagos en metálico, pero ahora admite que se usaban para cubrir gastos del equipo de Ábalos y Cerdán, los imputados afirmaron en conversaciones intervenidas por la UCO que algunos sobres contenían «chistorras para la noche electoral».
La solidez de los argumentos socialistas blandea y amenaza, una vez más, la credibilidad de la dirección. La UCO continúa analizando la documentación, y el Supremo podría ampliar la investigación. Fuentes judiciales indican que, si se confirma el origen irregular del efectivo, el PSOE podría enfrentar cargos por blanqueo o financiación opaca.
Mientras, el partido mantiene que no hay ilegalidades, pero la acumulación de evidencias hoy ha elevado el debate público a un nuevo nivel de escrutinio.
