La revisión contempla una senda de gasto sujeta a la deuda por país, pero con un ajuste anual mínimo del 0,5% del PIB para los años en los que se prevé que el déficit de las administraciones públicas supere el valor de referencia del 3%. «Lo que el BCE valora es una aplicación más estricta porque es esencial», ha aseverado en rueda de prensa tras participar en la reunión informal de ministros de Economía de la eurozona en Estocolmo (Suecia), antes de destacar que la reforma es «realista» y favorece una reducción «sostenida y gradual» de la deuda.
En este sentido, Lagarde ha afirmado que, en comparación con el marco actual, el BCE acoge «con satisfacción» que la reforma que plantea Bruselas apunte a una mayor implicación nacional, al tiempo que presta más atención a los altos niveles de deuda y a la perspectiva a medio plazo y establece incentivos para la inversión.
«Sabemos que es una propuesta buena y equilibrada, aunque también ambiciosa, pero creo que tenemos tiempo para llegar a un acuerdo», ha agregado, por su lado, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, quien considera que la nueva disciplina fiscal dotará a la UE de un conjunto de normas «más eficaz y creíble, para lograr unas finanzas públicas saneadas y un mayor crecimiento».
Consciente de las diferencias que existen entre los diferentes países, el comisario italiano confía en que la propuesta de Bruselas «pueda constituir la base de un amplio consenso», un objetivo que se esforzará por conseguir porque, a pesar de los meses de margen, «el tiempo apremia», a fin de aprobar el nuevo marco en 2023, acorde al objetivo establecido por los Veintisiete.
