Es decir, a partir del año que viene, alrededor de un millón y medio de personas que están adscritas al mutualismo tendrán que pasar a la sanidad pública. La negativa de DKV es total a todas las fórmulas de aseguramiento a personal público. Sin embargo, tanto Asisa como Adeslas mantendrá la cobertura para los abogados del Estado (Mugeju) así como para los militares (Isfas). «En los últimos diez años, el gasto sanitario per cápita de las comunidades autónomas y las mutuas colaboradoras ha aumentado un 60,6%, mientras que la prima ponderada de Muface ha crecido tan sólo un 31,6%, casi la mitad del incremento», explican desde DKV.
Esta aseguradora ha emitido un comunicado en el que explica que, de continuar, «en el año 2024 habría que imputar 74 millones adicionales por las pérdidas estimadas del nuevo contrato de dos años. Es decir, casi lo mismo que en los tres años del convenio anterior». El consejero delegado de DKV, Campos, señala que «una empresa responsable y con una buena reputación en el mercado como la nuestra no puede permitirse continuar con estas condiciones, ya que repercutirían en un empeoramiento de la atención a los mutualistas y en que persista la retribución deficiente de los profesionales sanitarios».
Por su parte, Adeslas defiende que seguirá apostando por el modelo de colaboración público-privado, pero solo en aquellos casos en los que no se incurran en pérdidas inasumibles. «La compañía ha valorado para acudir a Isfas y Mugeju las características específicas que presentan sus respectivos colectivos de cara a garantizar la sostenibilidad del aseguramiento sanitario en función de las condiciones ofertadas en estos concursos. En los dos casos, los parámetros asociados a las tendencias de demanda sanitaria permiten un equilibrio entre la oferta de financiación realizada por la Administración y los costes sanitarios esperados», dicen desde la firma en la que participan Mutua Madrileña y La Caixa.
Desde Asisa, también se asegura que la decisión entorno a Muface es estrictamente por motivos económicos. «Creemos que las condiciones establecidas en la licitación son insuficientes y no permiten mantener la actual calidad asistencial. A pesar de nuestra firme voluntad de mantener la vinculación con Muface, la falta de una financiación adecuada junto a unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las que presta el propio Sistema Nacional de Salud (SNS) y la decisión del resto de entidades de abandonar el servicio a esta mutualidad hacen imposible para Asisa mantener la adhesión al modelo sin poner en serio riesgo la solvencia de nuestra compañía».
Además, instan a la Administración a «replantear las condiciones de la licitación en el caso de Muface» y explorar nuevas soluciones y alternativas para mantener un modelo que ha sido a lo largo de su historia un ejemplo de colaboración público-privada.
En este contexto, Muface ha trasladado al sindicato que la atención médica y asistencial se mantendrá en los términos actuales y que con posterioridad a la fecha de finalización del concierto se garantizará la continuidad de las prestaciones sanitarias con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del sector público.
UGT Servicios Públicos ha remarcado que mantendrá su exigencia de que la calidad del servicio no se vea afectada y recuerda que el colectivo al que da cobertura Muface supera los 1,5 millones de personas, entre titulares y beneficiarios: el 65% son docentes de primaria, secundaria y universitarios y un 17% pertenece a algunos cuerpos de la Administración General del Estado.
Por su parte, Comisiones Obreras ha contactado con la Dirección General de la entidad mutualista para conocer de cerca la situación actual. «Su respuesta ha sido de tranquilidad, manifestando que Muface seguirá garantizando la atención sanitaria a todas las personas mutualistas, tanto titulares como beneficiarias», ha asegurado el sindicato. El sindicato ha venido denunciando que los servicios que ofrecen a través de las compañías asistenciales con las que tienen suscrito concierto no cumplen con los parámetros de calidad establecidos, como tampoco lo hacen con las prestaciones que están obligadas a ofertar conforme a lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los conciertos sanitarios. «Ante esta nueva situación, es urgente revisar las condiciones y obligaciones de los conciertos para asegurar y garantizar la salud de las personas mutualistas», ha insistido CCOO en un comunicado.
Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha acusado al Gobierno de poner en riesgo la asistencia sanitaria de sus funcionarios y ha pedido una reunión urgente al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, para que dé soluciones que garanticen la continuidad del modelo. A través de un comunicado, CSIF exige que el nuevo proceso de licitación anunciado por el Gobierno garantice una subida de primas que permita la continuidad del modelo. Asimismo, ha asegurado que seguirá luchando por el mantenimiento del modelo de Muface y tomará todas las medidas de presión que considere oportunas para garantizar su continuidad.
De hecho, el próximo lunes, 11 de noviembre, CSIF ha convocado una manifestación en las subdelegaciones del Gobierno de toda España y frente al Ministerio de Hacienda en defensa de la mejora de las condiciones de los empleados públicos y la continuidad del mutualismo administrativo.
CSIF considera que las condiciones del nuevo concierto, que ha motivado la salida de las aseguradoras, eliminan las garantías para que los más de un millón y medio de funcionarios y sus familias continúen recibiendo una asistencia sanitaria a través de Muface.
