Por otro lado, el resto de los fondos se dirigió, mayoritariamente, a aquellas que no lo necesitaban tanto, por lo que el supervisor concluye que el modelo “no fue eficiente”. Aunque el monto total de líneas de ayuda directa aprobadas fue de 7.000 millones de euros, las autonomías, responsables de la gestión de las líneas de apoyo directo, desembolsaron 5.000 millones, de los que 4.300 millones se concentraron en sociedades mercantiles, en su mayoría pymes, que habrían de destinar esos fondos a la eliminación de deuda generada durante el año de la pandemia.
No obstante, el Banco de España analiza los datos de aquellas pymes que recibieron los fondos y pertenecían a la Central de Balances del supervisor (CBI), el servicio de la autoridad bancaria que analiza la información económica y financiera de las empresas, y que aglutinaban el 75% de los fondos (3.200 millones).
El déficit de capital de estas compañías ascendía a 4.300 millones de euros, por lo que los fondos destinados podrían haber cubierto en torno a tres de cada cuatro euros de los desajustes. Sin embargo, a la hora de analizar la distribución de los recursos, el equipo de análisis del Banco de España explica que las empresas que no se enfrentaban a problemas de solvencia –ya que su ratio de capital era positiva en 2019 y no se había reducido en 2020 o, si lo había hecho, se situaba por encima del 10%– habrían recibido la mayor parte de estas ayudas: 2.600 millones de euros (el 80%). Es decir, las empresas sin problemas de solvencia debido a la pandemia se beneficiaron de la mayor parte de las ayudas.
Mientras, las que presentaron desórdenes de capital tan solo percibieron 500 millones de euros (el ya mencionado 15%). Finalmente, se habrían destinado 100 millones de euros a empresas cuya ratio de capital ya era 0 o negativa en 2019. Esta diferencia entre el potencial de las ayudas de reducir los déficits empresariales y la situación financiera de las destinatarias finales hace concluir a la autoridad bancaria que la asignación de fondos no fue eficiente. El déficit de capital de las pymes con problemas de solvencia como consecuencia de la pandemia equivalía, antes de las ayudas, al 0,28% del activo total en 2019 de las compañías pertenecientes al CBI. Tras las ayudas recibidas, este porcentaje apenas se habría reducido en una décima, indica el Banco de España. Por su parte, el porcentaje de empresas en esta situación habría descendido desde el 6% antes de las ayudas hasta el 5,4% después de recibir las mismas en 2021.
El Banco de España también analiza el impacto de los programas de garantías públicas, principalmente a través de los 107.000 millones de euros emitidos en garantías por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) hasta junio del año pasado. La autoridad bancaria destaca que los avales públicos, ya que aliviaron el consumo de recursos propios de las nuevas operaciones de crédito, habrían contribuido a sostener la oferta de préstamos a las empresas más afectadas por la pandemia y a las pymes por parte de aquellas entidades de crédito que partían de unas menores ratios de capital.
Sin embargo, la institución destaca que las empresas sin deuda bancaria antes de la pandemia solo habrían cubierto el 18,3% de sus necesidades de liquidez mediante el recurso a préstamos bancarios –debido a su acceso limitado al crédito– de los cuales 7,7 puntos porcentuales fueron préstamos acogidos al programa, frente al 59% y 30,1% respectivamente para el resto de compañías.
Además de las mencionadas líneas de ayudas directas, el Banco de España indica que desde julio de 2020 se venían aprobando programas. El primero fue el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI y dotado con 10.000 millones de euros. Ya en julio de 2021, COFIDES también gestionó 1.000 millones de euros exclusivamente para empresas de capitalización media.
