Además, el Senado tomará en consideración la reforma judicial para poner coto a las ‘puertas giratorias’ en la Justicia impulsada por los dos grandes partidos.
En concreto, los 20 candidatos al órgano de gobierno de los jueces -12 vocales de origen judicial y ocho juristas de reconocido prestigio– pactados por PP y PSOE, serán votados el martes en el Pleno del Congreso y al día siguiente se hará lo propio en el Senado. Una vez que tomen posesión, tendrán entre tres y siete días para elegir a su presidente, que también lo será del Tribunal Supremo.
La votación, mediante papeleta depositada en urna, requiere mayoría cualificada (tres quintos de cada Cámara; 210 votos en el Congreso y 159 en el Senado), un umbral que se superará sin problemas gracias a los votos de los dos grandes partidos. Sumar, que propuso a dos de los futuros vocales, también ha venido apoyando hasta ahora todo el proceso de elección, pero está por ver si vota a todos los aspirantes o únicamente a los que ha promovido (Inés Herreros y Carlos Preciado).
De hecho, la previsión es que sólo participen en la votación los dos partidos mayoritarios y el grupo plurinacional, pues el grueso del resto del arco parlamentario ha preferido mantenerse al margen del proceso al no haber sido consultados sobre los candidatos.
Así, durante el examen de idoneidad superado por los juristas en ambas Cámaras –los jueces y magistrados no tienen que pasar este trámite pues surgieron de una lista enviada por el CGPJ y avalada por la Junta Electoral Central (JEC)– sólo participaron estas tres formaciones más Unión el Pueblo Navarro, que dio su aval en el Congreso y el Senado, y el senador de Agrupación Herreña Independiente, aunque con críticas a su exclusión del acuerdo.
En el Congreso, Vox y Junts sí acudieron a las audiencias, pero únicamente para criticar el pacto bipartidista, mientras que el resto de socios habituales del Gobierno de coalición optó por ausentarse para marcar distancias con un consenso del que no han formado parte.
Los vocales de procedencia judicial que corresponde nombrar al Congreso son: Ángel Arozamena (magistrado del Tribunal Supremo), Esther Erice (magistrada de Tribunal Superior de Justicia de Navarra); Gema Espinosa (Audiencia Provincial de Barcelona), José María Fernández Seijo (Juez de lo Mercantil de Barcelona), José María Páez (Juez decano de Málaga) y José Carlos Orga (Audiencia Provincial de Logroño).
La Cámara Baja designará en el turno de juristas a José Luis Costa Pillado (Presidente del Consello Consultivo de Galicia), Inés María Herreros Hernández (fiscal y expresidenta de la Unión Progresista de Fiscales), Pilar Jiménez (Fiscal Superior de Cantabria) y Argelia Queralt (Profesora de Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona y letrada del Tribunal Constitucional).
Y al día siguiente el Senado votará las candidaturas de estos seis aspirantes del turno judicial: José Antonio Montero (Magistrado del Tribunal Supremo), José Eduardo Martínez Mediavilla (Presidente de la Audiencia Provincial de Cuenca), Esther Rojo (Presidenta de la Audiencia Provincial de Valencia), Carlos Hugo Preciado (Tribunal Superior de Justicia de Cataluña), Alejandro Abascal (Audiencia Nacional) y Lucía Avilés (Juez de lo penal de Mataró, Barcelona)
Los juristas a elegir en la Cámara Alta son: Ricardo Bodas (Magistrado jubilado de la Sala 4ª del Tribunal Supremo), Bernardo Fernández (Expresidente del Consejo Consultivo de Asturias), Luis Martín Contreras (Letrado de la Administración de Justicia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo) e Isabel Revuelta (Letrada de las Cortes).
Además, el Senado votará, también el día 24, al nuevo magistrado del Tribunal Constitucional destinado a cubrir la vacante que dejó en el julio de 2022 Alfredo Montoya, tras su renuncia por motivos de salud. Ese puesto corresponde al PP, que ha acordado con los socialistas promover a José María Macías, hasta ahora vocal del CGPJ del bloque conservador. El aspirante superó el test de idoneidad en la Cámara Alta con el aval de PP, PSOE, Sumar y Agrupación Herreña Independiente y la abstención de UPN. Para ser nombrado por el Pleno deberá reunir también el apoyo de un mínimo de 159 senadores, que conseguirá sin problema.
Además, el martes, el Pleno del Congreso aprobará para su envío al Senado la proposición de ley pactada por PSOE y PP que reformará la Ley del Poder Judicial (LOPJ) y el Estatuto del Ministerio Fiscal para evitar las denominadas ‘puertas giratorias’ en la Justicia, reforzar las mayorías al aprobar nombramientos judiciales y emplazar al nuevo CGPJ a realizar propuestas sobre posibles cambios en el sistema de elección de vocales. La futura ley regula un nuevo régimen de incompatibilidades también para el nombramiento del fiscal general, cargo para el que no podrá ser propuesto quien en los cinco años anteriores haya sido ministro, secretario de Estado, consejero autonómico, alcalde eurodiputado, diputado nacional, autonómico o senador.
Durante la tramitación de la proposición de ley, PSOE y PP únicamente introdujeron retoques técnicos y rechazaron las enmiendas planteadas por Sumar, el único grupo que hizo sugerencias, y que, al considerar el texto insuficiente optó por abstenerse en la votación en la Comisión de Justicia. De su lado, Vox y Junts, votaron en contra y el resto de grupos no participó en la comisión.
El texto se enviará al Senado, cuyo Pleno lo tomará en consideración en el Pleno del día 24 y, tras pasar por ponencia y comisión, la previsión es que la reforma quede definitivamente aprobada en el Pleno progamado para el día 31 de julio.