Específicamente el documento dice que la evolución temporal, durante el periodo de 2018 y 2021, las emisiones experimentaron un “descenso notable”. Este recorte se debe principalmente al esfuerzo realizado para contener las emisiones de alcance 1 y 2. Las primeras son las que provienen de fuentes propias de la empresa y las segundas son generadas de manera indirecta procedentes de la generación de electricidad, vapor, refrigeración, entre otros. Sin embargo, las emisiones de alcance 3, aunque también tuvo bajas, se quedaron unos pasos más atrás de obtener un avance mayor hacia la sostenibilidad. Estas incluyen todas las demás emisiones indirectas que pueden ser producidas en la cadena de valor de una compañía.
Aunque el estudio ha intentado recabar la mayor cantidad de información de las organizaciones, se indica que el volumen de documentación disponible es parcial, porque “no se puede disponer de ella para todas las compañías emisoras de valores”. Aún así, dentro de los datos obtenidos, en 2021 las emisiones de GEI de las cotizadas consideradas en el análisis que ofrecieron datos fueron el equivalente a 532,9 millones de toneladas de CO2. Del total, 90,4 millones de toneladas corresponden a las emisiones de alcance 1, mientras que 11,1 millones son de las de alcance 2. Y tal y como destacaron, las de alcance 3 se quedan en lo más alto con 431 millones de toneladas generadas.
Uno de los sectores que se ha subido al podio por la alta cantidad de emisiones ha sido el área de la energía. Producen un 80,8% del total de estos gases, aunque los autores vuelven a aclarar que las cifras podrían variar porque están basados en datos incompletos. Es por esto que también hacen un llamamiento a que las empresas sean más concretas y concisas con la entrega de información no financiera. La Directiva 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo del diciembre de 2022, habla sobre la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas pretende mejorar la transparencia, cobertura y calidad de los datos sobre emisiones de las empresas europeas.
Este tipo de normativas exige a las entidades grandes que hayan emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado que divulguen información sobre los riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza. La meta de Bruselas va destinada a transformar la economía europea en una moderna y eficiente con emisiones netas de GEI para 2050 con el llamado ‘Pacto Verde’. Hace unos días la CNMV también metió presión a las financieras respecto a sus datos y publicó los resultados de la primera fase de la implementación en las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) de la normativa sobre sostenibilidad que buscaba conocer el grado de adaptación de la industria de fondos de inversión en ámbitos de ESG.
En 2021 entró en vigor el Reglamento (UE) 2019/2088 sobre dar a conocer información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros, más conocido como SFDR por sus siglas en inglés, y al igual que en el informe de Losada López y Martínez Pastor, se encontraron datos escasos: “Es deseable por parte de las gestoras un mayor nivel de precisión, claridad y concreción de las características ASG que promoverá el fondo”. La batalla por obtener mejores datos va de la mano de la reducción de emisiones, porque si las compañías detallan de mejor manera sus amenazas medioambientales y temas ESG, se podrán tomar mejores medidas para atacar el problema y conseguir un camino más elevado para conseguir emisiones cero para 2050.
