Las eléctricas ultiman un documento conjunto que será la base para solicitar formalmente al Gobierno la apertura de negociaciones sobre una posible prórroga más allá del calendario de cierre previsto en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) pero por el momento parece que las posiciones siguen sin ser unánimes.
La reunión, que se consideraba estratégica para definir una propuesta conjunta ante el Ministerio para la Transición Ecológica, se ha pospuesto para ganar tiempo y reforzar los argumentos técnicos, económicos y sociales que avalen la continuidad temporal de Almaraz. Tras este encuentro, las compañías prevén solicitar una reunión con la vicepresidenta y ministra Sara Aagesen, a fin de formalizar el inicio de conversaciones con el Ejecutivo, pero la relación entre ambas partes atraviesa un momento de máxima tensión tras el apagón general del pasado lunes.
Hasta el momento, el Ministerio ha insistido en la necesidad de que las eléctricas presenten un plan por escrito que permita evaluar de forma rigurosa el impacto de una posible prórroga. Esta misma posición fue reiterada por Aagesen la semana pasada durante un acto en Londres organizado por la Agencia Internacional de la Energía, en el que abordó la seguridad del suministro en el actual contexto europeo. La hipótesis que las compañías barajan pasa por mantener operativa la central de Almaraz hasta al menos 2030, con el fin de poder revisar entonces el grado de cumplimiento del PNIEC y evitar riesgos innecesarios para el sistema eléctrico. Además del componente energético, las empresas subrayan los beneficios económicos de una extensión: diluir el impacto de la tasa Enresa a lo largo de más años, mejorar la rentabilidad de las centrales y mantener un flujo fiscal clave para los territorios.
Las eléctricas, por su parte, han encargado a la consultora internacional Metsys un informe detallado sobre el impacto económico y social que tendría el cierre de Almaraz en Navalmoral de la Mata y su entorno. El informe, de 74 páginas, cuantifica en 1.825 los empleos que podrían desaparecer como consecuencia del cese de actividad, afectando a unas 431 empresas, 19 de las cuales podrían llegar incluso al cierre.
En estos momentos, la planta emplea de forma directa a 369 trabajadores, de los cuales 255 residen en el área de influencia. A ellos se suman 662 puestos en empresas especializadas y hasta 1.200 empleos temporales durante los periodos de recarga. El informe de Metsys alerta de que el cierre podría tener un fuerte impacto en la estructura demográfica de la comarca, acelerando el envejecimiento poblacional y comprometiendo servicios como la educación, la sanidad o las infraestructuras locales.
Desde el punto de vista fiscal, Almaraz genera unos 435 millones de euros anuales en impuestos y tasas. De esta cantidad, 82 millones van a la Junta de Extremadura y 12 millones directamente a los municipios afectados, lo que representa en el caso de Almaraz el 48% del presupuesto municipal. Su cierre pondría en riesgo equipamientos educativos como el Instituto Zurbarán o proyectos de desarrollo turístico vinculados al entorno natural.
En paralelo, el Gobierno ha encargado su propio estudio de impacto para contar con un diagnóstico independiente que complemente el análisis empresarial. Entre los sectores más preocupados por el posible cierre se encuentran los grandes consumidores de electricidad, especialmente la industria electrointensiva, que reclama precios estables y competitivos para mantener su actividad.
La patronal química Feique ha insistido en la necesidad de una prórroga, y se espera que tanto la CEOE como representantes industriales refuercen esta demanda durante las próximas semanas.
Mientras se acerca la fecha de la nueva reunión entre eléctricas, el Ejecutivo deberá sopesar no solo los criterios energéticos, sino también las implicaciones sociales, industriales y políticas de una decisión que puede marcar un punto de inflexión en la transición energética española. En efecto, un informe realizado por PwC indica que una reducción de la generación nuclear, pone en riesgo la seguridad de suministro en zonas demandantes de electricidad de todo el país, desde comunidades como Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid a zonas en las que se ubiquen sectores industriales con gran consumo eléctrico. De hecho, durante los meses de marzo, abril y mayo de 2024, algunas centrales nucleares quedaron fuera del mercado diario de electricidad debido a la situación de precios negativos, pero REE las llamó a producir en el mercado de restricciones técnicas por seguridad de suministro del sistema.
