«Desde aelēc consideramos que este gravamen es discriminatorio e injustificado», ha informado la patronal a través de un comunicado. En este sentido, consideran que se trata de un tributo único en Europa y que penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético que permita reducir la dependencia exterior. «La Unión Europa ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas, en el que nada se dice sobre el sector eléctrico. Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español».
Asimismo, pone de manifiesto que el impuesto europeo es sobre los beneficios, mientras que español grava los ingresos con un 1,2% y se aplicará únicamente a la actividad que las compañías desarrollen en España. En cuanto a la consideración de «discriminatorio», desde aelēc estiman que tan solo un determinado número de compañías son elegibles, mientras que otras están eximidas.
La patronal también ha insistido en la incoherencia fiscal al «gravar ingresos que ya estaban topados y regulados por la Administración Pública en 67 euros/MWh y grava incluso los conceptos que el Gobierno factura a través del sector eléctrico que no aportan beneficio alguno a las compañías eléctricas». La idea del Gobierno es recaudar 2.000 millones de euros al año de los «beneficios extraordinarios» de estas empresas en 2022 y 2023 y la previsión es que estarán en vigor en 2023 y 2024 para las energéticas.
Hasta el momento, las únicas energéticas que han dado una estimación del pago al que deberán hacer frente han sido Naturgy y Repsol. Durante la presentación de sus resultados de 2022, el presidente ejecutivo de Naturgy, Reynés, adelantaba que la compañía deberá abonar en torno a 300 millones de euros debido al nuevo impuesto. En el caso de Repsol, la cifra se eleva hasta los 450 millones de euros. «Considerar extraordinario un beneficio que se obtiene de un gran esfuerzo inversor y penalizarlo frente al que se dedica a importar productos de otros continentes sin crear un solo empleo industrial, es, además de injusto, incomprensible y perjudicial para la economía española», ha resaltado el consejero delegado de la entidad, Imaz.
