En efecto, según este Think Thad las soluciones adoptadas en el nuevo Plan suponen un coste muy superior al previsto inicialmente debido a la falta de consenso entre las diferentes instituciones involucradas y, por tanto, en ningún caso deberían imputarse dichos sobrecostes a las centrales nucleares.
Los extracostes de este Plan suponen un cambio sustancial frente a las condiciones en las que se alcanzó el acuerdo del Protocolo de Intenciones en el año 2019 -posteriormente incluido en el Plan Nacional de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC)- entre la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) y las centrales nucleares para su funcionamiento y por el que se acordó incrementar la Tasa de Enresa en un máximo del 20%. Cabe recordar que, tras dicho aumento, el conjunto del parque nuclear español aporta cada año al Fondo Enresa del orden de 450 millones de euros.
Es mas, la solución adoptada con Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en cada una de las centrales y un Almacén Geológico Profundo (AGP) en servicio en 2073 implica que no se podrán liberar hasta casi finales de siglo los emplazamientos nucleares, lejos de las recomendaciones de la Comisión Europea para disponer de una solución para la gestión final del combustible gastado antes del año 2050. Países europeos de nuestro entorno que apuestan por la generación nuclear como, por ejemplo, Francia, Finlandia, Suiza o Suecia, están anticipando la gestión de sus AGPs.
Mantener la operación del parque nuclear español va en la línea de la resolución aprobada en la reciente COP28, contribuye a reducir las emisiones y a conseguir el objetivo del Net Zero de la Unión Europea, a reducir la factura de la luz de familias y empresas y ayuda considerablemente a la financiación del propio Plan, ya que cuanto más tiempo funcionen las centrales nucleares más financiación estará disponible en el Fondo Enresa.
Por último, recuerdan que las centrales nucleares están sometidas a una fiscalidad excesiva, en algunos casos redundante, así como discriminatoria y no homogénea ni comparable a la del resto de tecnologías y que penaliza enormemente el funcionamiento y la gestión de las mismas, por lo que cualquier incremento adicional de tasas comprometería su viabilidad económica.