En su último informe sobre ejecución presupuestaria, déficit y deuda, la AIReF recuerda que en los últimos años se ha producido una acumulación de sentencias desfavorables, cuyo impacto en el déficit público de 2024 ascendió a 11.269 millones, equivalentes a un 0,9% del PIB. Para 2025 prevé que el déficit se reduzca del 3,2 al 2,7% del PIB, 0,5 puntos porcentuales menos, de los que atribuye 0,3 al menor impacto de sentencias judiciales.
El informe de la AIReF cifra en 3.614 millones de euros el gasto para cubrir los riesgos derivados de sentencias ya dictadas y de litigios pendientes.
Hay otros riesgos que no cuantifica, pero que elevarían la factura a casi 5.400 millones, al sumar los 995 millones que reclama el Santander por los créditos fiscales del Popular y los 778 millones que piden Iberdrola y Endesa por la subida de las tasas de gestión de los residuos radiactivos.
La AIReF hace hincapié en la incertidumbre sobre la cuantía exacta de las indemnizaciones e intereses y sobre el año en que se registrarán en contabilidad nacional, y reclama al Ministerio de Hacienda crear una base de datos con las principales sentencias que podrían tener un impacto significativo en el déficit público.
Aún no se conoce a cuánto ascenderá la devolución del tipo autonómico del impuesto de hidrocarburos entre 2013 y 2018, declarado ilegal por el Supremo en septiembre de 2024, con un efecto estimado por parte del Gobierno de 6.500 millones, si bien se trata de una provisión que se corresponde con la recaudación total, cuando solo habría que devolverlo a las empresas que no lo repercutieron a sus clientes, según apunta la agencia Efe.
Por otra parte, quedan pendientes de registrar en el déficit en torno a 850 millones derivados de una sentencia del Tribunal Supremo de 2022 que declaró contrario a derecho europeo el impuesto de actividades económicas (IAE) de operadores de telefonía móvil. Además, tras reconocerse el derecho de los padres jubilados a cobrar en sus pensiones el complemento por hijo y el complemento de brecha de género, inicialmente diseñado para las madres, se prevé un coste estimado de 400 millones en 2025.
A los riesgos ya materializados se suman los litigios aún abiertos, entre ellos los recursos de los arbitrajes internacionales por el recorte de las ayudas a las energías renovables, después de varios laudos desfavorables para España que suman 1.241 millones.
La estimación de costas e intereses podría ascender a 170 millones, en tanto que la indemnización de los laudos aún pendientes podría suponer 330 millones adicionales. No obstante, la AIReF recuerda que la Comisión Europea dictaminó que las ayudas del Estado a las renovables eran ilegales y ordenó a España no efectuar ningún pago. Asimismo está pendiente la reclamación de indemnizaciones por la catástrofe del Prestige que sigue sin resolverse 20 años después y la demanda por la quiebra de TP Ferro (concesionaria del túnel ferroviario de alta velocidad que une España y Francia), la primera de cuantía indeterminada y la segunda por unos 750 millones.
En el ámbito de los transportes hay recursos pendientes por 279 millones, así como recursos contra la liquidación de la concesión de autopistas de peaje para los que se dotó una provisión de 515 millones y contra los préstamos participativos para las concesionarias de autopistas en situación financiera delicada por 148 millones. Además, queda el recurso de Oracle por 34 millones por el pago del impuesto de la renta de no residentes y los recursos por denegación de subvenciones o reintegro de ayudas contra el Ministerio de Industria por 138 millones.
La AIReF identifica otros riesgos como el litigio iniciado por las principales operadoras de telefonía móvil por la tasa por reserva del dominio público radioeléctrico, lo que les ha llevado a dejar de abonar esa tasa en 2025.
También está la reclamación de IAG al Ministerio de Hacienda por la carga tributaria derivada de la integración de Iberia y British Airways en 2011, así como las de Iberdrola y Endesa por la subida de las tasas de gestión de los residuos radiactivos, que piden 778 millones por daños y perjuicios.
Mientras, sigue pendiente de resolución la demanda del Santander por los créditos fiscales diferidos (DTA) de 995 millones generados tras la absorción del Banco Popular en 2017, un caso en el que si el fallo resultara favorable al Estado se produciría un ingreso extraordinario con impacto positivo en la reducción del déficit público.
