La resolución, firmada por la jueza Loren AliKhan, equipara el fallo a una sentencia propia de la justicia estadounidense y abre la puerta a embargos cautelares o definitivos sobre bienes del Estado español en caso de persistir el impago.
El pronunciamiento se suma a la cascada de resoluciones adversas que, en cuestión de semanas, se han sucedido en los tribunales norteamericanos. Casos como los de Watkins, Infrastructure Services (Antin), RREEF o Infrared han visto cómo los jueces rechazaban los argumentos de España y validaban la ejecución de las condenas arbitrales derivadas de los recortes retroactivos a las renovables. Cabe destacar que estas cinco sentencias afectan a empresas europeas, lo que contradice la defensa del Gobierno de que los laudos que atañen a empresas europeas carecen de efecto en suelo estadounidense.
En el caso Cube Infrastructure, el Ciadi reconoció en 2019 el derecho de la compañía —que había invertido en tres plantas fotovoltaicas y varias hidroeléctricas en España— a ser compensada por las modificaciones regulatorias que alteraron retroactivamente el marco retributivo. El fallo fijaba una indemnización de 33,7 millones de euros, a los que se añadían 3 millones en intereses y 3,5 millones en costas, lo que eleva la deuda total a 40,2 millones de euros. Pese a ello, el Estado español se ha negado a ejecutar el pago.
España se mantiene como el mayor deudor del mundo en arbitrajes internacionales, con 26 laudos firmes impagados por un importe que supera los 1.492 millones de euros, a los que se suman cerca de 390 millones en intereses y sobrecostes. Junto con el coste económico, el riesgo de embargos millonarios es creciente. De hecho, ya se han visto afectados activos financieros, como los pagos de Enaire a través de Eurocontrol, y bienes inmuebles, entre ellos la sede del Instituto Cervantes en Londres.
Las compañías afectadas advierten de que, si no se avanza en acuerdos negociados como el alcanzado en junio con la japonesa JGC, el Estado español afronta una escalada de litigios y medidas de ejecución que pueden comprometer no solo su patrimonio en el exterior, sino también su reputación internacional en un momento de creciente presión judicial en EEUU.
