En este sentido, ocupa la posición 31 de entre los 38 países que componen la OCDE, a la vez que un retroceso de 9 posiciones en 2023 comparado con la posición 22 de 38 países en 2012. Considerando el promedio de la OCDE como base 100, España presenta una brecha de un 8,5% respecto al promedio. Dentro de la Unión Europea, cuyo promedio se sitúa en 95,8, España ocupa la posición 22 de entre los 27 países que conformaban la UE-27, 4,3 p.p. por debajo del promedio de dicha UE. Además, España se encuentra muy alejada de los resultados de Suiza, Irlanda y Nueva Zelanda que son los tres países que ocupan las primeras posiciones en el ranking dentro de la OCDE, y que, tras Singapur, también se sitúan en los primeros puestos de la clasificación del ILE en 2023.
Hay que destacar, adicionalmente, que la posición relativa de España en los últimos puestos dentro de la OCDE se debe al subcomponente del tamaño del Estado, salud fiscal, que hace referencia al ámbito presupuestario. España se sitúa en la posición 36 de los 38 países de la OCDE; debido a sus elevados niveles de deuda y déficit públicos.
➢ España es uno de los países con menos libertad económica de la OCDE, ocupando la posición 35 de los 38 países de la OCDE, tras el fuerte deterioro de esta variable en la última década, ya que en 2012 estábamos en el puesto 22 de estos mismos 38 países.
➢ España es un país, en la actualidad, con una insuficiente libertad de empresa, ya que estamos en la posición 29 de los 38 países de la OCDE, posición claramente alejada de las mejores prácticas y con un fuerte retroceso en los últimos años, ya que en 2012 nos situábamos en la posición 22 de estos mismos 38 países.
➢ La consecuencia de nuestra falta de libertad económica y reducida libertad de empresa es una pérdida de dinamismo económico, capacidad de generación de empleo y crecimiento potencial a largo plazo.
➢ Entre las variables que más lastran nuestra libertad económica en la actualidad destacan la excesiva dimensión de nuestro sector público, las elevadas cargas tributarias y el fuerte desequilibrio fiscal. Por su parte, en lo específico a la libertad de empresa, la variable que más la está penalizando es la deficiente calidad regulatoria.
El ILE valora la respuesta que tiene cada gobierno en el ámbito de su programación presupuestaria para intervenir la actividad económica, así como su compromiso con la gestión financiera responsable de los recursos. La acumulación de déficits consecutivos y su reflejo en el creciente endeudamiento público son consecuencias de una política presupuestaria que interfiere, en gran medida, en el principio de libertad económica al perturbar la estabilidad macroeconómica y limitar la capacidad de crecimiento futuro, entre otros efectos.
De hecho, España no solo obtiene una peor nota que la media de la OCDE y que la UE, sino que, en la mayoría de las variables analizadas, presenta una situación deficitaria. De hecho, destaca especialmente la baja puntuación relativa en materias como la salud fiscal, gasto público, efectividad judicial y carga impositiva.
La libertad de empresa en España
En opinión del IEE, la libertad de empresa y la iniciativa privada se constituyen como los principales motores de generación de riqueza y de empleo en una sociedad, y, por tanto, también del bienestar de la misma, por lo que es fundamental generar un entorno favorable para que se desarrollen y avancen. Así mismo. el papel de las instituciones es generar un entorno adecuado que fomente la empresarialidad y que apoye a las empresas, máxime en un momento tan complicado como el actual, impulsando, de esta forma, la capacidad del sistema económico en su conjunto y aumentando la riqueza de las sociedades.
España ha obtenido un resultado preocupante en libertad de empresa. Ocupamos el puesto 29 de los 38 países de la OCDE, con 75,2 puntos, lo que implica un retroceso de 7 posiciones en comparación con el año 2012, de modo que nos situamos en la zona media-baja de nuestro entorno, lejos de las posiciones más elevadas. Considerando el promedio de la OCDE como base 100 para medir la libertad de empresa, España tiene una brecha negativa de un 5,6% en relación a la media de la OCDE, y ocupando la posición 30 de entre los 43 países que componen la tabla, y 3,2 puntos porcentuales inferior a la media de la UE-27.
También se observa que las economías donde la libertad de empresa es más elevada presentan, en promedio, tasas de desempleo más reducidas, del 6,2%, frente a aquellos países con inferiores registros en libertad de empresa cuyas tasas de desempleo promedio son del 10,7%.
De igual modo, existe una ligazón positiva entre el desarrollo económico y la libertad de empresa, ya que esta última implica una mayor flexibilidad y capacidad adaptativa de los agentes económicos. Considerando el PIB per cápita de 2022, en dólares y con paridad del poder de compra, se obtiene que los países de la OCDE que presentan una libertad de empresa muy alta alcanzan, en promedio, un PIB per cápita de casi 63.900 dólares, que es un 44,5% superior a los 44.200 dólares per cápita, de media, de los países cuya libertad de empresa es alta o moderada.
En contra de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero
En otro orden de cosas el informe critica con dureza la propuesta de la vicepresidenta Caviño de implantar el defensor del cliente financiero. Para el IEE este es un claro ejemplo de normativa que limita la libertad de empresa lo constituye el proyecto de Ley que pretendía crear la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero que la reciente convocatoria de elecciones generales en España para el 23 de julio de 2023 y la consiguiente disolución del Parlamento, afortunadamente, han hecho decaer.
La iniciativa infringe el derecho constitucional de libertad de empresa, recogido en nuestra Constitución, en su artículo 38, ya que la obligatoriedad de utilizar este mecanismo de resolución de conflictos, junto con la exclusión de la posibilidad de acudir a la justicia ordinaria competente por razón de la materia (jurisdicción civil o mercantil), así como la falta de equilibrio entre las partes a la hora de financiar la Autoridad, alejan la normativa contenida en el Proyecto de Ley de los principios de proporcionalidad y mínima intervención constituyendo, a nuestro juicio, un ataque al principio de libertad de empresa.
El Proyecto de Ley ha sufrido fuertes críticas, no solo por parte de las empresas del sector, sino también en los informes realizados tanto por el Consejo General del Poder Judicial como por el Consejo de Estado que ponen en duda su constitucionalidad ya que resulta contrario a la Constitución que la ley suprima o prescinda de la voluntad de una de las partes para someter la controversia al arbitraje e impida su posterior revisión por la jurisdicción ordinaria competente.