Mientras que las grandes corporaciones tienen trato fiscal más favorable, con tipos impositivos que se ubicaban entre el 12,9% y el 15%, los autónomos se enfrentaron a una carga tributaria considerablemente más pesada, alcanzando hasta un 23,2%. Esta discrepancia, plantea interrogantes para UPTA acerca de la equidad del sistema impositivo español y sus repercusiones en la viabilidad económica y competitividad de los autónomos. El secretario general de la asociación, Abad, apunta que este problema no se limita únicamente a las diferencias impositivas, sino que se extiende a aspectos que afectan a la capacidad de los autónomos para deducir gastos en el Impuesto de Sociedades. «El autónomos no se puede deducir la manutención de un menú del día, unos doce euros, mientras que un empresario puede ir a comer con clientes o entre directivos y pueden deducirse esa comida», cuenta Abad a elEconomista. En medio de este escenario, se avivan los llamamientos a una revisión exhaustiva del sistema tributario para abordar estas diferencias y promover la equidad fiscal entre autónomos y empresarios.
La disparidad en las cargas fiscales entre autónomos y empresarios emerge como un tema crucial en el panorama tributario actual después de que el Gobierno «haya dado un paso atrás», para desbloquear el IVA de franquicia para los trabajadores por cuenta propia, según apunta el líder de UPTA.
Las asociaciones de autónomos llevaban reuniéndose con Hacienda y los agentes sociales durante los últimos «catorce meses» con la intención de poder aplicar el IVA de franquicia, parte del programa de reformas enviado a Europa para desbloquear fondos europeos. La norma, simplificaría los trámites administrativos y se adaptaría la Directiva Europea 2020/285 de la UE. El IVA de franquicia es un régimen especial de tributación que tienen algunos países, como España, pensado para que las empresas con una facturación anual por debajo de 85.000 euros, están exentas de la obligación de cargar el IVA a sus clientes. Bajo este régimen, las empresas no están obligadas a liquidar el IVA de las facturas emitidas o recibidas hasta que no hayan cobrado el importe correspondiente o lo hayan pagado, respectivamente. Esto implica que los autónomos y pequeñas empresas elegibles no necesitan declarar ni ingresar el IVA recogido a la hacienda pública, proporcionando flexibilidad en el pago del impuesto y mejorando la liquidez empresarial.
Los autónomos piden al Gobierno que intervenga para desbloquear una situación en la que las asociaciones de autónomos mantienen una base de acuerdo para avanzar en la simplificación administrativa y fiscal, especialmente en un momento donde se anticipa la eliminación progresiva del sistema de módulos y se busca mejorar el tratamiento del error tributario.
