El pasado mes terminó con más de 905 empresas en suspensión de pagos, la cifra más alta de toda la serie desde que entró en vigor la reforma de la Ley Concursal en septiembre de 2022 y que lleva al país a acumular en lo que va de año 5.911 peticiones de concurso, casi los mismos en diez meses que todos los registrados, por ejemplo, en el año 2021, cuando la economía seguía sin recuperarse plenamente por la pandemia de la Covid-19.
Sobre la mesa, infinidad de factores que explican estos números, pese al fuerte crecimiento del PIB, si bien en el mercado apuntan a una combinación de tres: la proximidad del fin de la moratoria contable, la elevada inflación en los últimos meses y el balance de las compañías cargadas de deuda. Su combinación se ha impuesto a la tendencia positiva que arrastra la economía con un ritmo de crecimiento netamente superior a la media europea. Para 2024 se prevé un avance del PIB del 3% y para el año que viene del 2,1%, respectivamente.
Desde comienzo de año, de acuerdo a datos de Informa, los concursos aumentan en casi todos los sectores. Los principales incrementos se registran en comercio (+172), seguido por hostelería (+113) y servicios empresariales (+64). Los únicos descensos se observan en educación (-3) y administración (-1). Comercio, por ejemplo, concentra el 26,32% del total en lo que va de año, mientras que construcción y actividades inmobiliarias el 18,41%.
Sobre el tamaño de las empresas afectadas, Pere Vilella, responsable del área concursal de FTI&Partners, explica que «compañías micro y pequeñas tienen más dificultades para acceder a la financiación, arrastran todavía la crisis del COVID-19 y suelen tener un más balance más estresado». Vilella matiza que «aunque es cierto que ha incrementado el número de procedimientos, también lo es que lo ha hecho de un tipo muy concreto, el de concursos sin masa. Dentro de esta categoría de concursos, puede haber concursos de compañías o personas físicas sin actividad empresarial, y es en este último tipo de concursos los que han tenido un protagonismo principal». Las cifras reflejan que este mes no tiene precedente desde el año de la pandemia y, por tanto, también desde la reforma de la Ley Concursal. El cambio de normativa «ha supuesto una mayor agilidad en los procedimientos concursales para las pequeñas empresas y microempresas. Con anterioridad a esta reforma muchas de estas compañías optaban directamente por bajar la persiana y desaparecer», explica Eduardo Frutos desde el despacho Kepler Karst. «La reforma ha acortado los plazos y ha simplificado los trámites, lo que puede resultar beneficioso para los acreedores al permitir una resolución más rápida de sus créditos y para los empresarios que en cuestión de un par de meses pueden resolver el cierre de su negocio de una manera legal», añade.
La radiografía concursal arroja otra tendencia en los preconcursos. Los datos extraídos de la plataforma SABI afloran que en España ya se han registrado más de 500 planes de reestructuración desde que cambió la ley. Durante este periodo, los planes de reestructuración disminuyen de manera significativa en Cataluña y la Comunidad Valenciana. En términos totales alcanzan en octubre un 35,9% menos que el mismo mes del año pasado y en lo que va de año suman 280, un 7,89% menos que en 2023. Sobre esta situación, en el mercado se apunta a otros factores, como a la lentitud de la banca tradicional, principal acreedor de las empresas españolas, en reconocer el problema y tener que anotarse un deterioro.
Los diez meses de ejercicio en curso ha dejado muestras de cómo grandes e históricas empresas no han sido capaces de evitar el concurso de acreedores. Los datos disponibles de Informa a través de sus informes mensuales sobre demografía empresarial arrojan una muestra de medianas y grandes empresas que suman más de 2.900 millones de ingresos anuales y más de 3.100 empleados. La muestra desvela nombres conocidos como el de distintas pesqueras (Atunlo, Marpesca o Actemsa), que se han colocado en el alambre tras una crisis generalizada del sector en este 2024.
La industria ha sufrido de manera generalizada una fuerte subida de los costes y la escasa demanda ante la fuerte inflación, que ha provocado la consiguiente caída sin precedentes en el consumo de pescado. Otro de los factores que ha jugado en su contra es la estrechez de sus márgenes (entre un 1,5% y un 5% sobre su cifra de ventas), lo que las hace especialmente susceptibles de sufrir ante vaivenes negativos del mercado cuando no pueden repercutir estos impactos a sus precios de venta.
El sector retail ha sido otro de los grandes afectados, hasta llevarse por delante la icónica compañía de calzado femenino Marypaz (Crocea Mors), que ya revivió años atrás y evitó su liquidación tras abrazar a nuevos inversores como fondos de inversión especializados en empresas en estrés financiero.
También sigue afectada la construcción. La base de datos de Informa recoge el concurso de Murias, constructora donostiarra del grupo Urbas, o el de la constructora valencia LIC (Levantina, Ingeniería y Construcción). Esta compañía con sede en Alberic (Valencia) se había acogido al preconcurso en noviembre de 2023 y había manifestado que su riesgo de insolvencia llega tras los problemas con los cobros en Argelia, uno de los países en los que había dado el salto internacional. También figuran en el ranking empresas de sectores industriales como el aeroespacial. El expediente más llamativo es el de Elimco, arrastrada por las deudas de su matriz Ingemont. La firma sevillana había sondeado un proceso de venta antes de declarar su insolvencia.