Durante la sesión, a la que han asistido más de 1.500 directivos, los exmandatarios han analizado los retos que afronta España en el contexto de la crisis energética provocada por la guerra en Ucrania, y la agenda de transición ecológica de la Unión Europea.
En su intervención de apertura, Reynés destacó algunos de los hitos que se llevaron a cabo bajo los mandatos de González y Aznar, a lo largo de un periodo continuado de 22 años, como la reforma del plan energético de 1983; la creación de Red Eléctrica Española y la Comisión Nacional de la Energía, como regulador estable del sector; la construcción del gasoducto Magreb-Europa, que fue el germen del suministro estable de gas natural a España; o la culminación de la liberalización del sector energético.
El presidente de Naturgy afirmó que “la geopolítica está jugando actualmente un papel fundamental, también en la regulación”. En este sentido, Reynés recordó que en 2022 se realizaron más de veinte cambios regulatorios en el sector energético, lo que demuestra “la gran importancia que tienen los aspectos regulatorios en un sector que tiene que seguir transformándose”. “El sector energético se encuentra en una encrucijada, el llamado trilema energético, que no es otra cosa que hacer compatibles los objetivos ambientales y de sostenibilidad, con la garantía de suministro y, a la vez, en un marco de precios razonables y asequibles para la sociedad”, aseveró el presidente de la compañía energética.
Incertidumbre energética
En sus intervenciones, González y Aznar coincidieron en la incertidumbre ante la que se encuentra el futuro del sector de la energía, derivado del nuevo orden mundial que se está configurando tras la invasión de Ucrania, en el que los países emergentes, con China a la cabeza, van a tener un papel crucial por su posición en la cadena de suministro de las tecnologías renovables. En relación a España, los dos expresidentes hicieron un llamamiento a alcanzar acuerdos políticos globales, destacaron el papel de la regulación energética para garantizar la seguridad de suministro y la seguridad jurídica, y defendieron los acuerdos público-privados para garantizar la transición energética.
Para González, el papel del estado como factor regulador de la energía es “absolutamente imposible de eludir”, pero insistió en que esta regulación debe basarse, además de en grandes acuerdos políticos, en una buena colaboración público-privada, y animó a las empresas a invertir a pesar de la incertidumbre regulatoria actual, “porque sólo los que invierten salen adelante”.
Por su parte, Aznar advirtió sobre el exceso de regulación y dijo que es necesario alcanzar un equilibrio entre “la desregulación sin control” y “el intervencionismo sin límites” para garantizar que las empresas tengan seguridad jurídica y libertad de inversión.
En materia de política energética a nivel mundial, González sostuvo que “Estados Unidos ha hecho un reenfoque de política energética que merece ser tenido en cuenta, una política de estímulos con una fiscalidad apropiada para quien toma el riesgo de hacer inversiones para descarbonizar la economía y contribuir a la independencia energética del país”, mientras en Europa hay una visión más sancionadora y reguladora, “que es muy difícil que estimule la inversión”.
Para Aznar, en materia energética se requiere “un profundo debate estratégico sobre qué queremos hacer, cuales deben ser los objetivos de nuestro país y de Europa”. Desde el punto de vista de la competición entre el poder incumbente de Estados Unidos y el emergente de China, Europa debe reflexionar dónde le conviene estar y qué puede hacer, cuáles son nuestras posibilidades y nuestros riesgos”.
