Asegura que ve preocupante que se vincule la Fiscalía General al Ejecutivo y, al mismo tiempo, critica el silencio del fiscal general del Estado, García Ortiz, sobre esta cuestión: «Nos parece tan preocupante que se vincule la Fiscalía con el Gobierno como el silencio de la institución ante semejante afirmación». Esta declaración de Sánchez se produjo después de que se hiciera público un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que los agentes constataron el borrado de todos los mensajes del móvil de García Ortiz entre el 8 y el 14 de marzo de 2024, en el marco de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos que denunció el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tras la filtración de datos de carácter reservado. Nuevamente para el presidente del Gobierno el Ministerio Fiscal no es una institución autónoma, de raíz constitucional y ajena al partidismo político, sino que coloca al fiscal general del Estado dentro del propio Gobierno de la Nación», dice la Asociación, que también reclama «un comunicado dirigido a toda la sociedad explicando sin matices su posición neutral y su independencia respecto del Ejecutivo».
Además, afirma que, «sin duda», en cualquier otro momento «las palabras de un presidente patrimonializando al fiscal general habrían tenido una respuesta contundente de la propia Fiscalía General del Estado expresando su rechazo a tal intromisión, haciendo didáctica, explicando el papel constitucional de la institución», y vuelven a incidir en la falta de respuesta por parte de García Ortiz: «El clamoroso silencio ha sido la única respuesta».
La Asociación de Fiscales explica que el Ministerio Fiscal no se integra en el Gobierno, «sino que se ha constituido en defensa de toda la sociedad sin distinción y es ajeno a los movimientos políticos». «El fiscal general del Estado pertenece –y no al Gobierno– y está al servicio de toda la sociedad –no a los del Gobierno de turno–«. También destacan que la institución no puede ponerse «al servicio de los intereses partidistas», y recalcan la «polarización» que vive España «condicionado, además, por la existencia de un procedimiento penal que afecta al propio fiscal general».
