La entidad asociativa ha asegurado en un comunicado de su Junta directiva que su solicitud ante la Sala Segunda del Alto Tribunal, «pese a que no ha sido fácil», responde a la necesidad de que la Fiscalía «no esté dirigida por una persona que, procesalmente, está siendo investigada por la presunta comisión de un hecho delictivo».
A través de dicho comunicado, al que ha tenido acceso El Debate, la APIF ha criticado que «su imputación contamina, sin remedio, a toda la carrera», al tiempo que ha reconocido que «si hubiera decidido abandonar el cargo sería innecesaria» su «personación en el procedimiento penal».
«No parece que sea compatible ser jurista de reconocido prestigio con la situación procesal de imputado en causa penal. No podemos admitir que pueda ser considerado mérito el hecho de ser investigado por la presunta comisión de un delito», apunta la APIF.
La asociación insiste que su continuidad «priva a la Sala Segunda del Tribunal Supremo de contar con un Ministerio Fiscal que actúe bajo el principio de imparcialidad, tal como impone la Constitución Española, ya que resulta del todo punto imposible que, en estas circunstancias, la causa penal pueda ser llevada, por cualquier fiscal, con la independencia que se le requiere, teniendo como imputado a su jefe».
«En este sentido, nuestra personación obedece a poder prestar esta actuación profesional, como fiscal sometido a los principios de imparcialidad y legalidad, a la propia Sala Segunda del Tribunal Supremo, entendiendo que, en todo caso, a la vista del resultado de la prueba que se practique, formularemos escrito de acusación o nos apartaremos del ejercicio de la acción penal interesando la absolución», explica la APIF.
Cabe recordar que el Supremo decidió por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, por el presunto delito de revelación de secretos del que les acusa la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una medida inédita, ya que es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.
