«La Administración General del Estado tiene una serie de informes que permiten seguir bien la ejecución del Plan, pero lo que hacen es pasarle la pelota a otro organismo público y ahí ya nos perdemos», señala en unas declaraciones de la Fuente, director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) y uno de los coordinadores del estudio ‘El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en España: balance provisional y propuestas de mejora’.
Tal y como asegura el informe de FEDEA, «el notable éxito alcanzado en términos de la llegada de los fondos europeos a nuestro país está tardando en trasladarse a la economía real más de lo inicialmente esperado». El estudio destaca que para 2021 y 2022, los datos y estimaciones disponibles apuntan a adjudicaciones de en torno a 0,5-0,8 puntos de PIB por año y niveles de desembolso aún menores, «lo que supone un ritmo de entre el 25 y el 40% de lo esperado en su día».
La realidad es, tal y como señala el informe de Fedea, que el laberinto de los fondos europeos, enmarcados en 130 conferencias sectoriales y distribuidos por el Gobierno hacia otras administraciones y empresas públicas que serán los responsables directos de la gestión de las ayudas e inversiones del Plan, provoca un atasco de millones en las arcas públicas. Las comunidades autónomas han lanzado convocatorias por el 50% de los fondos asignados y han resuelto solo un 20% de los recursos asignados hasta el momento (unos 4.000 millones de euros).
De la Fuente considera que «hay un problema endémico en España que es el de hacer una gestión muy garantista, de control exhaustivo ex ante de todo». «Es cierto que ayuda a evitar fraudes, pero a cambio las cosas se mueven muy despacio. Tendríamos que pensar en cambiar la forma de gestionar, hacer más controles selectivos y ex post. En vez de mirar todo antes de, comprobar que las cosas se han hecho bien y crujir al que caces, pero no pararlo todo antes de empezar a andar».
Según datos del Ministerio de Economía, hasta el momento se han recibido 31.000 millones de euros de fondos europeos de los que se han asignado casi 20.600 millones de euros a las comunidades autónomas. Dada la porción que corresponde a los ayuntamientos a través de distintas convocatorias –las administraciones territoriales gestionan fondos europeos Next Generation EU por valor de 28.000 millones de euros-, estas administraciones han contado con un margen muy limitado para adaptar los proyectos a sus necesidades o para proponer proyectos propios, indica FEDEA: «Han tenido relativamente poco que decir, según nos transmiten muchos de los responsables autonómicos».
El balance de FEDEA sobre el primer año y medio del Nex Generation EU en España es que deja un sabor agridulce. En análisis de la fundación desliza que el liderazgo de España en la aprobación del Plan y el desembolso de los primeros tramos de fondos convive con la percepción «de una excesiva lentitud en la ejecución de las inversiones y con dudas sobre la calidad de algunas inversiones y reformas». «Hay planes muy ambiciosos, que tienen muy buena pinta, pero que no son nada sencillos. No sé si los plazos que nos ha dado la Comisión Europea son suficientes para llevarlos a cabo bien. Si nos ponemos a gastar como locos a lo mejor gastamos todo, pero seguramente que una buena parte de mala manera. Quizá lo ideal hubiera sido tardar más en elaborar el Plan y hacerlo mejor para que a la larga fuese más fructífero y más importante», concluye de la Fuente.
