La medida aparece recogida en el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”. Sin embargo, este aumento no se ha hecho efectivo durante los primeros meses del año, aunque los empleados públicos están cerca de recibir este aumento salarial aprobado.
La razón en el retraso de la subida de sueldo es muy sencilla, los aumentos en la nómina de los funcionarios se incluyen los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y estos no se han aprobado, por lo que el Gobierno ha optado por no esperar a la diligencia de los PGE y adelantar la subida ante las quejas de los empleados públicos. Desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) continúan presionando al Ejecutivo a través de las redes sociales, «la subida de sueldo de los funcionarios llegará con al menos seis meses de retraso» denuncian en Twitter después de incluso amenazar con movilizaciones en primavera.
La vía escogida para hacer efectivo el aumento de salario de los trabajadores públicos será la del proyecto de ley para prorrogar las ayudas económicas por la Guerra de Ucrania. El Ejecutivo ya ha incluido una enmienda para sumar la subida salarial de los funcionarios.
Se esperaba que la medida estuviera lista a la vuelta de Semana Santa para aplicarse ya en la nómina de abril, pero el mes pasó sin cambios en la nómina de los funcionarios. Después, se esperaba que ese dinero ‘extra’ llegará tras las elecciones en Cataluña, pero tampoco pudo ser. Por eso esperan que este dinero atrasado llegue a sus cuantas antes de verano, concretamente en el mes de junio.
La subida salarial será de un 2% para 2024 y se cobrará de forma retroactiva también por los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Con este aumento, los salarios de los funcionarios quedarían distribuidos de la siguiente forma:
Con la aprobación de la subida, un funcionario del Grupo A1 percibiría 129,45 euros de cobrarse la paga en junio. Es decir, la subida del mes correspondiente más los atrasos de los cinco meses anteriores. A este aumento se podría sumar un 0,5% adicional si el Índice de Precios Armonizados (IPCA) acumulado supera el 8% entre septiembre de 2022 y 2024, algo que parece plausible.
Pero la subida de 2024 no es el único atraso en el salario de los funcionarios. Los trabajadores públicos tampoco han cobrado todavía el aumento extra del 0,5% de 2023 vinculado al crecimiento del PIB al cierre del año. Este incremento adicional del 0,5% no se ha hecho efectivo en todas las nóminas, según denuncian desde CSIF y también tendría carácter retroactivo. Es decir, que el Ejecutivo tendrá que aplicar la subida en las nóminas desde enero hasta diciembre de 2023 y tener en cuenta el dato para calcular el aumento del 2% en 2024.
Las subidas de 2024 marcan el final del camino para el “Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI”. Gobierno y sindicatos tendrán que volver a negociar las retribuciones de los trabajadores públicos.
