No en vano, se dan ciertas limitaciones hacia los jueces en ejercicio consecuencia «del deber ético que incide en su vida no estrictamente profesional de evitar toda actuación que pueda cuestionar la independencia o la confianza de la sociedad en el Poder Judicial», lo que debe llevarles a actuar «con moderación y prudencia».
Para la Comisión, la participación de cualquier miembro de la carrera judicial en una manifestación «puede ser posteriormente analizada y publicitada, incluso en la cobertura de prensa o en las redes sociales», por lo que recomienda valorar, con carácter previo, «cuál podría ser la percepción pública de su asistencia».
Además, la Comisión distingue entre las manifestaciones convocadas «con ocasión de amenazas a la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales y en defensa de las mismas, alejadas de la lucha partidista», a las que otorga un juicio ético positivo; y las manifestaciones donde la participación de los jueces resulta desaconsejable.
Una segunda categoría en las que sitúa a todas aquellas en las que la mera presencia de un juez contribuya a «poner en entredicho la confianza de la ciudadanía en la Justicia» o «ser percibida como una toma de posición política o apoyo a una causa particular inapropiada». Por ejemplo, todas las que estén «vinculadas directa o indirectamente con un caso o grupo de casos pendiente ante los tribunales», así como las que puedan «colisionar con el desempeño correcto de las funciones judiciales».
Con todo, la Comisión ha señalado que «el juez debe actuar de forma precavida absteniéndose de asistir a manifestaciones o retirarse de ellas cuando se corra el riesgo de poner en tela de juicio la imparcialidad o independencia del sistema judicial».
Actos de «propaganda»
En un segundo informe, la Comisión desaconseja, desde el punto de vista de los principios de la propia ética judicial, la asistencia de los jueces, en su condición de ciudadanos, a los mítines organizados por partidos políticos, porque pueden verse conculcados «los principios de independencia, imparcialidad e integridad y supone una fuerte afectación de la percepción de los ciudadanos sobre la independencia e imparcialidad de la administración de justicia». Y es que, para el CGPJ, «la presencia de un juez en un acto de estas características implica, por lo tanto, el riesgo de que se le identifique con la ideología del partido político de que se trate».
«La presencia de un juez en un mitin de un partido político supone una afectación a la apariencia de independencia, integridad e imparcialidad, en cuanto lleva a la identificación del juez o magistrado con los postulados de un determinado partido político, lo que es contrario al principio de neutralidad política» que impregna los principios de ética judicial, afirma el dictamen que se ha hecho público este miércoles.
Además, en el texto se destaca como con tales comportamientos se contribuiría a «la percepción pública de que la Justicia está politizada, generando en los ciudadanos desconfianza en la Justicia y en el funcionamiento de los órganos judiciales».
