El comunicado llega con una negociación abierta entre funcionarios y el Ministerio de Justicia para intentar desbloquear la huelga indefinida que empezó el 17 de abril y con la que buscan una subida salarial “en línea” con la lograda por los Letrados de la Administración (LAJ) ―de hasta 450 euros al mes― y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa que, según denuncian, impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.
Las asociaciones que han anunciado su intención de ir a la huelga son la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales. Otras dos, la asociación Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, comparten el diagnóstico de las anteriores, pero prefieren esperar a conocer el planteamiento del Ministerio de Hacienda en la reunión de la Mesa convocada para el 3 de mayo, sin renunciar a adherirse en función de su resultado.
En el comunicado, las asociaciones Judiciales y Fiscales aseguran que llevan años denunciando la falta de dotación suficiente de la Administración de Justicia y que la dotación de los Presupuestos Generales del Estado es insuficiente. “En la Administración General del Estado la Administración de Justicia es la cenicienta, las cargas de trabajo que tienen los tribunales y fiscalías afectan tanto a la calidad y rapidez de la respuesta judicial como a la salud de la judicatura y los miembros de la fiscalía, y todo se fía a planes de refuerzo y a la dedicación de profesionales, que no puede ser el único remedio a la sobrecarga y la elevada litigiosidad”, recoge.
La ministra de Justicia, Llop, ha señalado que su departamento “tiene la mano tendida y una voluntad negociadora indudable”, pero ha recalcado que el momento no es adecuado para una huelga: “Ahora creo que no es el momento de adoptar medidas de presión que pueden ser muy legítimas (…) pero ahora lo que necesitamos es que nuestra justicia mire por el ciudadano”. La titular de Justicia ha subrayado su “compromiso” para “dialogar con las asociaciones judiciales, de fiscales y también con los sindicatos” al tiempo que ha especificado que no todas estas asociaciones han afirmado que irán a la huelga. “Estamos en un momento muy importante en el que hemos abordado una gran reforma de la administración de justicia (…) Le pido a quienes tienen intención de hacer huelga que miren por el buen servicio público de la justicia y que sean honestos a la hora de plantear sus posiciones”, ha concluido Llop.
Para los jueces y fiscales, la convocatoria de huelga se produce en “un contexto de sistemático y persistente abandono de la Administración de Justicia, que degrada la calidad de la respuesta institucional que, desde el sistema judicial, obtienen los ciudadanos que acuden a los tribunales en busca de la tutela efectiva de sus derechos”. Las asociaciones expresan su firme propósito de trabajar para alcanzar un acuerdo que evite tener que poner en marcha las medidas de presión anunciadas, “desde la misma buena fe que nos ha animado hasta ahora”. “No permitiremos, sin embargo, que esa actitud responsable que sirva una vez más de coartada para la inacción negligente de los ministerios de Justicia y Hacienda, a los que, dentro del Gobierno, les corresponde velar porque nuestro país disponga de un sistema judicial eficaz que no es posible alcanzar si la labor de jueces, juezas y fiscales no se desarrolla en condiciones —también retributivas— adecuadas”, concluye.
Por otro lado, el comité de huelga de los funcionarios de Justicia y el Ministerio reanudan este lunes las negociaciones tras los “tímidos avances” alcanzados en la reunión del jueves, cuando se sentaron a la mesa por primera vez para intentar desbloquear el conflicto laboral que da lugar a la huelga indefinida que empezó el 17 de abril en busca de una subida salarial.
