En efecto, para Blasket Renewable Investment que tomó el control de cuatro títulos de deuda soberana española el año pasado y activó la claúsula de default técnico como medida de protección frente a los impagos del Gobierno. Pues bien esta activación habría generado ya un encarecimiento de 2.100 millones de euros en los intereses abonados por el Tesoro en las subastas de deuda pública, cifra que ascenderá a 4.943 millones si la situación continúa hasta finales de 2024.
Por otro lado, el repunte de los costes de financiación afecta negativamente al PIB, reduciéndolo en 2.560 millones en 2023 y en 4.780 millones en 2024, de modo que el impacto macroeconómico sitúa el daño adicional provocado por esta circunstancia en el entorno de los 7.340 millones de euros.
En el informe se explica que en los títulos a 3 meses se registró un salto de abril a diciembre de 2023 del 2,96% al 3,64%; en los bonos a seis meses, el incremento fue del 3,02% al 3,65%; en las Letras a nueve meses, el tipo se movió del 3,19% al 3,51%; por último, en la deuda a un año, los intereses han pasado del 3,14% al 3,31%.
En enero de 2024, los tribunales internacionales habían fallado contra España en 26 de estos procesos, imponiendo así el pago de indemnizaciones valoradas en 1.700 millonesde euros. Puesto que el 80% de los litigios se han saldado de manera favorable a los intereses de las empresas afectadas, cabe esperar que la cifra final de condenas ascienda a 40 y que la compensación requerida a España se sitúe finalmente entre los 2.000 y los 2.500 millones de euros.
Siempre según el informe que manejan los fondos, los procedimientos legales que hay en curso pueden resultar en el embargo de 400 propiedades. Esta circunstancia ha generado un evidente problema de inseguridad jurídica, en la medida en que España se ha convertido en el país con mayor número de sentencias internacionales pendientes de pago, superando incluso a Venezuela o Rusia. Ante semejante situación, empresas afectadas por tales incumplimientos han denunciado a España ante la justicia de países como Estados Unidos, Gran Bretaña o Australia. Fruto de estas disputas, el Consejo de ministros aprobó la pasada semana la opa del fondo Antin sobre Opdenergy tras lograr un compromiso voluntario de evitar en el futuro arbitrajes internacionales contra España.
