Las asociaciones de los antes denominados secretarios judiciales advirtieron que, si en las nóminas de julio, tal y como consta en el compromiso firmado el pasado 28 de marzo, no se reflejan las subidas de hasta 450 euros mensuales, volverán a adoptar medidas de presión para exigir la ejecución del acuerdo que puso fin a una huelga de dos meses. Entre dichas medidas se encuentra la presentación de acciones judiciales ante el Tribunal Supremo, órgano competente para de revisar las actuaciones del Ejecutivo.
El aviso llega después de la negociación retributiva no se haya llevado a ningún consejo de ministros, ni siquiera al último celebrado antes de las elecciones generales del 23 de julio, para su aprobación, tal y como los letrados solicitaron por carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ante esta situación, el Colegio Nacional de LAJ, la Asociación Independiente de LAJ y la Unión Progresista de LAJ –todas ellas participaron en las negociaciones– recordaron ayer en un comunicado que el Gobierno en funciones puede continuar con los “trámites legales” para dar luz verde al acuerdo, lo cual evitaría iniciar la vía judicial.
Como muestra de la intención de seguir adelante con las reivindicaciones, los letrados de la administración de Justicia tienen prevista una concentración este viernes, 21 de julio, en Logroño, donde tendrá lugar una reunión de los ministros de Justicia de la Unión Europea. “La normalidad en Justicia no volverá hasta que nuestro acuerdo se cumpla”, concluyó el presidente del colegio nacional.
Fuentes del Ministerio de Justicia afirmaron a este diario que “las subidas no corren ningún peligro”, ya que los “acuerdos firmados se cumplen y son totalmente vinculantes”. En este sentido, las mismas fuentes aseguraron que el departamento que dirige Pilar Llop, “y la ministra en particular”, son los primeros interesados en que el pacto termine de formalizarse.
Tras ver el resultado de la huelga de los LAJ, los jueces y fiscales echaron el órdago de parar también su actividad, pero Justicia y Hacienda lo evitó tras prometer un incremento salarial similar a los letrados. Este acuerdo se firmó en mayo, si bien jueces y fiscales se han sumado a las dudas sobre su cumplimiento. Y es que las asociaciones firmantes –tres de las cuatro de jueces y las tres de fiscales– también pidieron al Gobierno que llevara el acuerdo al último consejo de ministros antes de las elecciones, que tuvo lugar este martes, pero ello tampoco ocurrió.
