En efecto, si esa cesión tan peculiar y particular se llega a producir, la Generalitat podría pasar a gestionar más de 52.700 millones de euros, doce veces más lo que actualmente gestiona. El Gobierno prepara su oferta para tratar de apuntalar el apoyo de ERC a la investidura de Salvador Illa en el Parlament. Para ello, se ceñirán al acuerdo de investidura con los independentistas que permitió a Sánchez renovar la presidencia en 2023. El punto pactado en el documento compromete al Ejecutivo a crear una «comisión bilateral» entre el Estado y la Generalitat con el fin de «lograr una financiación adecuada que garantice la suficiencia financiera de los servicios públicos» catalanes. Un consorcio fiscal, defendido por Illa durante la campaña electoral, que tendría encaje en el Estatuto de Cataluña, y que permitiría abrir una brecha para permitir al Govern gestionar la totalidad de los tributos que recauda. De esta manera, el Ejecutivo autonómico pasará de un control total del 9% de los impuestos, al 100%.
En concreto, la Generalitat administró 4.289,08 millones de euros en impuestos cedidos en 2023. Entre ellos, se encuentran sucesiones y donaciones, patrimonio y otros indirectos como trasmisiones patrimoniales, además de los impuestos propios. A ello, se añade el 50% de los ingresos procedentes del IRPF y el IVA, y el 58% de los impuestos especiales. En total, Cataluña doblaría sus recursos. procedentes de la recaudación tributaria. En contra -si la medida se consuma- la hucha común a través de la cual se reparten los recursos financieros a todas las regiones del régimen común, perdería 20.000 millones de euros cada año.
Y para solucionar los enfrentamiento políticos que esta cesión ante Cataluña esta generando Motero, toma la iniciativa y cita a los gobiernos autonómicos a una reunión en julio en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La titular de Hacienda responde así a la carta enviada ayer por los barones regionales del PP, en la que solicitaron un encuentro «urgente» tras conocerse la negociación abierta entre Gobierno y ERC sobre la «financiación singular» para Cataluña. La intención de Montero es poner en los dos próximos meses, las bases de la futura reforma de financiación autonómica -caducada desde 2014- y que Moncloa había planteado -al inicio- como una de las leyes de la legislatura. Para lograrlo, Hacienda reclama una propuesta común al Partido Popular, tal y como lleva pidiendo durante los últimos meses. Por contra, las diferentes CCAA dirigidas por los populares han expresado diferentes posturas que han impedido -entre otros- aprobar un fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia.
Sobre el papel, la reunión del CPFF de julio rotará sobre los próximos presupuestos para 2025. Hacienda insiste en que se abordarán los objetivos de estabilidad, paso previo a la elaboración de las cuentas y los presupuestos que deberán comenzar a desplegar las comunidades autónomas de cara al año que viene. Cabe recordar que el PSOE aprovecho ayer -junto a Sumar- la Ley de Paridad para incluir una enmienda que busca eliminar el veto irrevocable del Senado al techo de gasto. Una cuenta pendiente del Gobierno, que a inicios de año vio como su intento de impulsar unas cuentas para 2024, se vio frustrada por el bloqueo al que el PP sometió a la senda fiscal gracias a su mayoría absoluta en la Cámara Alta.
